El abogado de Lydia Cacho confía en que Silva Meza no cambiará su resolución
Si la Corte no pide juicio para Mario Marín, yo sí lo haré: Xavier Olea
Las reglas aprobadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para las investigaciones sobre presuntas violaciones graves a las garantías individuales no variarán en nada el fondo del proyecto elaborado por el ministro Juan Silva Meza, de que el gobernador de Puebla, Mario Marín, promovió afectaciones a las garantías constitucionales de la periodista Lydia Cacho, aseguraron tanto abogados de la comunicadora como del llamado gober precioso.
Xavier Olea Peláez, representante legal de Cacho, aseguró que la resolución del ministro quedará "intocada", y únicamente se le dará vista al gobernador de Puebla para que manifieste lo que a su derecho corresponda.
Además, una vez que la Corte avale el proyecto, "pediré copia certificada para ofrecerla como prueba tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a las cámaras legislativas; porque si los ministros no van a tener facultades de exigir juicio político o que sean consignados los presuntos responsables, yo sí tengo facultades legales de hacerlo".
Según el litigante, las reglas sobre la aplicación del artículo 97 constitucional que establece la facultad de investigación de la Corte para actuar en casos de violaciones generalizadas a las garantías individuales, no obligan al ministro Silva a modificar el contenido de su proyecto anterior, salvo en el caso de que ya no puede actuar como Ministerio Público y pedir juicio político contra Mario Marín y coacusados.
"Pero eso no afecta a la defensa de Lydia; seremos nosotros quienes utilizaremos la resolución de la Corte para exigir castigo a los responsables ante las autoridades jurisdiccionales competentes", aseguró Olea Peláez.
Asimismo, agregó que la resolución "el ministro Silva tendrá que ajustarla a estas reglas, pero nada más son ajustes técnicos".
El que Mario Marín pueda conocer el expediente y argumentar en su defensa, refirió, no va a modificar la resolución.
De su lado, fuentes cercanas a los abogados del llamado gober precioso señalaron que es difícil que el ministro Silva modifique el sentido de su proyecto, pues lo único a lo que está obligado es a dar acceso a Mario Marín al contenido de su dictamen y pedirle su parecer.
Para ello, agregaron, el ministro dará 15 días hábiles al gobernador poblano para que manifieste lo que a su derecho corresponda, y una vez que esto suceda, el ministro presentará su proyecto definitivo al pleno de la Corte.
Se prevé que los 11 ministros analicen el caso Lydia Cacho a finales de septiembre o principios de octubre. La resolución a la que lleguen no será vinculante, es decir, que no obligará a la PGR o a la Cámara de Diputados federal y de Puebla a adherirse a los términos que acuerden los ministros.