Encarcelan a trabajadores que han denunciado el ilícito
Desvió el INEGI recursos para liquidar a empleados, afirman
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) desvió unos 800 millones de pesos aplicados para liquidar a trabajadores, y violó la Ley de Presupuesto y Gasto Público, haciendo uso faccioso de los recursos; la propia Auditoría Superior de la Federación determinó que ha habido ilícitos en la operación presupuestal del organismo y pidió sancionar a funcionarios implicados en estos pagos ilegales.
La Coalición de Trabajadores del INEGI denunció ayer lo anterior en conferencia de prensa y sostuvo que bajo la administración del director general, Gilberto Calvillo, ha habido un desaseo total del manejo de los recursos del instituto y se ha convertido en el mejor ejemplo de subcontratación y pérdida de los derechos laborales básicos, ya que mientras ha tenido un promedio de 27 mil trabajadores eventuales, sólo 5 mil 200 han sido de base o confianza.
A nombre de esta organización, Francisco Farina Támez explicó que desde el año 2000 la Secretaría de Hacienda destinó más de 266 millones de pesos para liquidar a 6 mil 627 trabajadores eventuales porque concluía el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede); sin embargo, éste no finalizó, en muchos casos se simuló el pago de liquidaciones o a los trabajadores les hicieron firmar por cierta cantidad y se les dio menos; además muchos fueron recontratados unas semanas después para realizar las mismas labores, que desempeñaban antes.
De 2002 a 2006, com el beneplácito de la Secretaría de Hacienda se otorgaron recursos a este instituto para liquidar a cientos de trabajadores, liquidaciones que según la Auditoría Superior de la Federación, causaron daño patrimonial al instituto, ya que estos pagos se realizaron sin contar con un laudo o sentencia definitiva.
Hasta ahora el INEGI ha destinado más de 800 millones de pesos a programas de retiro voluntario, liquidación de trabajadores o convenios o cambio de juicios laborales, “pero más de 500 millones fueron destinados a convenios ilegales con trabajadores separados entre 1999 y en el año 2001”.
Actualmente, el titular del INEGI planteó a los más de 2 mil 700 trabajadores que entablaron juicios contra este organismo que se incluyan en una conciliación, para entregarles el 15 por ciento de salarios caídos y tres meses de liquidación –hace dos años ofreció el 40 por ciento de salarios– y tras recibir una negativa por parte de la mayoría de los ex trabajadores, ha implementado una política de terror contra los demandantes, según indicó Farina Támez.
Denunció en este sentido que han sido detenidos y encarcelados más de 24 ex trabajadores en el país; en Guadalajara, Jalisco, fueron aprehendidos y están bajo proceso nueve personas por manifestarse fuera del edificio estatal del instituto y colgar una manta; en Pachuca, Hidalgo, se inició el proceso contra dos personas por manifestarse y lo mismo ocurrió en Saltillo, Coahuila; pero el caso más relevante ocurre en Chilpancingo, Guerrero, donde 24 personas son acosadas por agentes de la AFI por tener un plantón fuera de la coordinación estatal y cuatro fueron encarcelados por una semana, todos acusados de sabotaje, sedición y motín.