Rosa Rojas, Sucre, agosto. La Asamblea Constituyente (AC) no pudo entregar el 6 de agosto el proyecto de nueva Constitución política del Estado boliviano. En su discurso-informe de gobierno ante el Congreso lo señaló así el presidente Evo Morales y le indicó a Silvia Lazarte, presidenta de ese foro, que tienen hasta el 14 de diciembre para "el desquite".

Los ánimos estaban muy caldeados en esta capital formal de Bolivia y sede del Poder Judicial. Desde temprano Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera, recibieron rechiflas e insultos durante los actos de conmemoración de la independencia por parte de un centenar de aguerridos defensores del traslado de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de La Paz a Sucre.

El mandatario había sugerido que el tema de la capitalidad plena para Sucre no debía discutirse en la AC, pese a que el derechista opositor Poder Democrático y Social (Podemos), logró meterlo en la agenda de varias de las comisiones. Eso puede paralizar la asamblea si los 50 delegados del departamento de La Paz se retiran de las sesiones, como lo acordó el cabildo del 20 de julio, para que la capitalidad salga de la agenda constituyente.

Cuando los asambleístas no pudieron entregar la nueva Constitución dentro del plazo legal, tuvieron que pedir al Congreso ampliar el plazo al 14 de diciembre. Entonces, en una dura negociación que alargó siete días, la oposición encabezada por Podemos logró lo que no pudo alcanzar en siete meses de debates: quitarle en los hechos el carácter "originario" (que al inicio del cónclave le dieron el Movimiento al Socialismo, mas, y sus aliados), fijarle condiciones, quitarle atribuciones...

Mientras corría la negociación se multiplicaban las versiones de que el mas, con su mayoría absoluta de 137 asambleístas de un total de 255 (Podemos tiene 60 y el resto las otras 14 fuerzas políticas), aprobaría "en grande" un borrador de Constitución para no llegar con las manos vacías a la fecha límite del 6 de agosto.

Para el 3 de agosto, cuando finalmente se aprobó la ampliación, el mas enfrentaba una sublevación en sus filas por la "intromisión" del parlamento en temas exclusivos de la asamblea. Incluso el vocero de la bancada masista en la AC, Marcos Carrillo, llegó a advertir que los constituyentes podrían "cerrar el Congreso" si se interfería en los trabajos de la asamblea. Otros sugirieron cumplir con la ampliación del plazo y el presupuesto respectivo e incumplir el resto de la ley de ampliación.

Entre los principales puntos de dicha ley están el que establece que habrá dos referéndums, uno para que la población dirima entre los artículos en los que no haya habido consenso y otro para ratificar o no el nuevo texto constitucional en su totalidad. Será el Congreso, no la Constituyente, el que "formulará" las preguntas en dichas consultas.

Se estipula que en el texto de la nueva Constitución, la Constituyente "incorporará los resultados del referéndum nacional vinculante" de marzo de 2006 para las autonomías departamentales.

Paralelamente, se evidenció una fractura en el Pacto de Unidad que agrupa a las cinco organizaciones sociales afines al mas, cuando el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quollayuso (Conamaq), que representa a los indígenas altiplánicos y la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), de las tierras bajas, crearon el Bloque Indígena Originario (BIO) dentro del pacto, diferenciándose de las organizaciones de campesinos, mujeres campesinas y colonizadores. Esto en protesta, indicó el mallku Justino Leaño de Conamaq, porque el mas no respetó un acuerdo sobre la representación directa de los indígenas en el parlamento.

El 4 de agosto, el Conamaq llegó incluso al extremo de clausurar simbólicamente las instalaciones del teatro Gran Mariscal, donde sesiona la AC, declarándola "preconstituyente". Esta organización cuenta con 10 asambleístas, cinco del mas y cinco en alianza con otras fuerzas políticas.

Sin embargo, Lázaro Taco, responsable de seguimiento de la AC por la CIDOB, desmarcó a su organización de la "radical" acción de Conamaq. La CIDOB ya había hecho sus propias acciones en julio: una marcha de Santa Cruz a Sucre, el bloqueo de caminos que realizó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Camiri, la vigilia permanente en Sucre sobre la Constituyente.

La CIDOB, explicó Taco a Ojarasca, pidió una reunión a Conamaq "no para seguir sus intransigencias sino para decirles que trabajemos juntos porque no queremos dañar el proceso... este consenso ha sido construido por todos los sectores sociales".

Además, dijo, los pueblos originarios ya consiguieron incluir cuatro de los cinco puntos que proponían en los informes de mayoría (del MAS) de la AC: "las autonomías indígenas, derechos colectivos, el Estado plurinacional, tierra y territorio y recursos naturales, y sólo falta la representación directa, pero, dijo, "nos han creado una ventanita por donde podamos entrar, a través de las circunscripciones especiales indígenas originarias", con algunos criterios que posteriormente se buscará profundizar en una ley.

La Conamaq se declaró contra la ampliación de la Constituyente, coincidiendo en ese punto con la postura de los comités cívicos de la "media luna" --los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando-- que anunciaron que interpondrían recursos ante el Tribunal Constitucional para impugnarla. Al respecto, Taco estimó: "más bien la ampliación nos ayuda a seguir trabajando y a tener más concertaciones con diferentes sectores para que en el momento del referéndum tengamos más apoyo".

El primer vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar, comentó que el carácter del Estado boliviano como plurinacional, "es uno de los referentes esenciales de la imagen de cambio del país", buscando que las instituciones incorporen plenamente a los sectores diversos cultural y nacionalmente en la estructura del Estado, no simplemente nombrándolos o reconociendo su idioma o su cultura, sino en el ejercicio de sus derechos.

--Algunos compañeros de la bancada masista dicen que ahora resulta que todo va a ser negociado "con el enemigo".

--Depende de cómo se vea... para algunos, plantear un Estado plurinacional es querer destruir Bolivia, para otros es tratar de unificar pero en un marco de respeto a la diversidad. Esta construcción diversa tiene que encontrar un punto de encuentro, lo otro es lamentablemente ir por la vía de una solución violenta...

Aguilar mencionó que la propuesta masista incluye reconstruir el marco institucional del nuevo Estado, "tiene que cambiarse la estructura y la esencia misma del Poder Judicial, tiene que dejar de ser un espacio donde las presiones políticas o los intereses políticos combinados con aspectos nada éticos sigan mostrando una imagen de distorsión de la justicia", y darle juridicidad a la justicia comunitaria, que ya existe.

Construir un Estado laico con esta Constitución es un proceso que va a llevar un largo tiempo, según Aguilar. Primero ocurrirá una "formalización jurídica institucional" --darle igualdad ante la ley a todas las religiones. Después, sacar el plano de la religiosidad del plano de lo jurídico: no jurar ante el juez por la Biblia, la cruz o la whipala. "Si voy a jurar juraré por mis convicciones y principios; en el tema de la educación es igual", señaló.

Informó que las 21 comisiones de la AC entregaron con sus informes finales unos 726 artículos, que se redujeron a unos 400 y se esperaba reducirlos a 350 a la hora de iniciar, la tercera semana de agosto, las plenarias en las que se debatirán las propuestas en detalle. Al final unos diez artículos se irán a referéndum dirimitorio, entre ellos los temas de autonomías indígenas, la reelección presidencial, la forma del parlamento, unicamaral o bicamaral, y la representación indígena en ese parlamento.