Se suman especialistas a la ola de protestas
Cualquier mexicano en el extranjero, sin importar su condición migratoria, debe tener acceso a la ayuda consular, obligación a la que deben estar dedicadas las oficinas del servicio exterior nacional en otros países.
Aseveró lo anterior Pedro Labariega, especialista en derecho internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien añadió que en el caso de la activista Elvira Arellano –quien fue detenida en Los Angeles, California, la tarde del pasado domingo y deportada ese mismo día a territorio mexicano– la actuación de las autoridades consulares ha sido “sencillamente desatinada, pues desde que se dio a conocer su caso debieron iniciar las gestiones necesarias para proteger sus derechos y que no fuera detenida y deportada como si se tratara de una criminal”.
En tanto, el coordinador en México de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, Primitivo Rodríguez Oceguera, dijo que la deportación de la activista equivale, en la práctica, a una declaración de guerra contra los indocumentados. “Elvira Arellano merece nuestra admiración por la importante lucha que lleva en defensa de la dignidad migrante y de la unidad familiar, y por lo mismo merece toda la solidaridad de México”, añadió.
Sin embargo, lamentó que el gobierno federal, el Congreso y los gobernadores al parecer no acaben de entender la gravedad del asunto.
Advirtió que con la deportación masiva aplicada por Estados Unidos, México enfrenta una situación gravísima y sin precedente en su historia reciente. “Se cierra la válvula de escape” que durante décadas representó la expulsión de mano de obra y viene en su lugar un retorno masivo de migrantes, lo cual generará una enorme presión social sobre el empleo y la demanda de bienes y servicios.
Ante esta situación, propuso que el titular del Ejecutivo federal y el Congreso en su conjunto planteen la revisión de los acuerdos con Estados Unidos, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como una medida de presión para que en el Capitolio se discuta y apruebe una reforma migratoria satisfactoria y respetuosa de los derechos humanos.
Rodríguez señaló que la deportación de Arellano y la separación de su pequeño hijo Saúl, de 7 años, representan el “negro panorama” en que ya viven más de 12 millones de indocumentados (7 millones de ellos mexicanos) en Estados Unidos, y que se agudizará en los meses por venir con la puesta en práctica de las severas medidas estadunidenses de control fronterizo y control interno de la migración indocumentada anunciadas por la Casa Blanca.
Por ello, insistió, es urgente que se tomen medidas como la de formar una comisión del Ejecutivo, del Legislativo y de la Conferencia Nacional de Gobernadores para monitorear el impacto social, económico y de seguridad pública que ya empieza a gestarse con la práctica de medidas antimigrantes en Estados Unidos.