Un capitán los secuestró para que trabajaran para una empresa naviera
Indocumentados mexicanos demandan a departamento de policía en Misisipi
Los 23 soldadores de barcos originarios de Veracruz que fueron secuestrados por un policía de Pascagoula, Misisipi, y explotados por diversas empresas navieras del sur estadunidense solicitaron hoy al procurador general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, que intervenga en su caso.
Tras anunciar la víspera en las escalinatas de una corte de Nueva Orleáns que presentarían una demanda por secuestro contra el departamento de policía de Pascagoula, los soldadores presentaron formalmente dicha demanda en una corte federal de Misisipi, donde ocurrió el plagio.
A principios de este mes y fuera de servicio, el capitán George Tillman, de la policía de Pascagoula, acompañó al empresario Ken Voswell, quien dijo ser uno de los dueños de la industria de ensamblaje y reparación de barcos Black Hawk, en Alabama, y a punta de pistola Tillman detuvo y encerró ilegalmente en un apartamento a los soldadores. En ese lugar los veracruzanos permanecieron incomunicados durante dos días, hasta ser obligados a regresar a la empresa de Voswel, en un sector de Mobile, Alabama, llamado La Milla 8.
Tillman les habría dado a los trabajadores dos opciones: “se van con Voswel o los deportamos”, declaró en su oportunidad Jesús Cristóbal Soriano, uno de los soldadores del grupo, que originalmente era de 30 y que fue enganchado por agentes de Logimex, quienes tramitaron las visas H2B en el puerto de Veracruz a mediados de julio pasado.
Temerosos de volver a ser detenidos por Voswel, los restantes 23 trabajadores permanecen en Estados Unidos escondidos y bajo la protección de grupos defensores de los inmigrantes y de un sacerdote vietnamita.
La semana pasada decidieron acudir al consulado general de México en Houston, Texas, para denunciar su situación, acompañados por Saket Soni y Daniel Castellanos, organizadores de la Alianza de Trabajadores Huéspedes por la Dignidad, en Nueva Orleáns, convertidos en gestores del grupo veracruzano y las autoridades.
Agravios “más que severos”
El jefe del departamento de protección del consulado mexicano en Texas, Carlos García Delgado, señaló que los trabajadores fueron entrevistados por dicha representación y también por la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo estadunidense y la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, ambas entidades federales. Las agencias encontraron que las declaraciones de los soldadores eran consistentes, y los agravios más que severos, por lo que iniciarían una investigación oficial, sostuvo García Delgado.
Antes de partir hacia Misisipi a interponer la demanda contra el departamento de policía de Pascagoula, los veracruzanos participaron en una marcha que recordó ayer en Nueva Orleáns el presunto abandono oficial en que han caído muchos trabajadores inmigrantes, llevados –muchas veces con engaños– a las tareas de restauración y limpieza de la ciudad tras el paso del huracán Katrina. “No tienen casa todavía ni trabajo, ni comida ni atención médica, ni nada”, dijo Daniel Castellanos, de la Alianza de Trabajadores. En esa marcha, dos de los veracruzanos narraron su odisea.
Nueva Orleáns está poblada ahora de medios de prensa que preparan informes especiales para recordar los dos años que han seguido al paso de Katrina, y los trabajadores han recibido amplia cobertura de los medios estadunidenses.
El departamento de policía de Pascagoula habría enviado un comunicado a la prensa en Nueva Orleáns, para deslindarse de la conducta del capitán Tillman.
“Pero lo más importante”, continuó Castellanos, “fue que los trabajadores pudieron entrevistarse con el congresista demócrata por Georgia, John L. Lewis, figura emblemática de la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles. Los escuchó, dijo Castellanos, “y les dijo francamente que en su caso específico no podía ayudarlos”. Sin embargo, “lo que sí les prometió” Lewis “fue que él mismo intervendrá en el Congreso para revisar el Programa de Trabajadores Huéspedes”, refirió.
Una vez recibida la demanda, la corte federal en Misisipi tiene hasta 90 días días para responder si procede el pleito legal.