Hay que darle una dimensión productiva, no asistencialista
Urge restructurar el Procampo, afirman organizaciones agrarias
Ampliar la imagen Productores del campo demandan la revisión de los programas de apoyo Foto: Carlos Mamahua
En el foro de consulta nacional Procampo: la nueva visión de un viejo reto, dirigentes de organizaciones campesinas sostuvieron posturas contrarias: algunos se pronunciaron por la desaparición del programa y que sea sustituido por otro que sí fomente las unidades económicas campesinas; otros por elevarlo a rango constitucional, y unos más por la aplicación de los lineamientos establecidos en la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria.
La mayoría coincidió en que a 15 años de existencia del programa destinado a apoyar económicamente a los productores, no logró el objetivo de desarrollo agrícola, por lo que debe restructurarse para beneficio de los campesinos. Actualmente los beneficiados son 2.8 millones y tiene una cobertura de 13.8 millones de hectáreas.
El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, representado por Víctor Suárez Carrera, se pronunció en contra de que los campesinos de pequeña escala se trasladen al programa Oportunidades, y advirtió que eso generaría un conflicto social, además de que se corre el riesgo de que el presupuesto destinado al Procampo desparezca en el transcurso de los años.
Ante ese panorama, se pronunció por la aprobación en el Senado de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, ya que en ésta el horizonte para el Procampo es para 2011, año en el que se analizaría para prorrogarlo hasta 2015, con cuotas diferenciales, duplicación de apoyos para los campesinos con menos de menos de una hectárea y un incremento de 75 por ciento para las unidades de producción de hasta 10 hectáreas.
Actualmente, 50 por ciento de los beneficiarios del Procampo tienen en promedio menos de dos hectáreas y reciben 13 por ciento de los recursos; 29 por ciento obtienen 20.8 por ciento del apoyo; 18 por ciento de los productores, 32.8 por ciento, y el 3.8 por ciento de los beneficiarios concentran 33.2 por ciento de los recursos, indicó.
El coordinador del Congreso Agrario Permanente, Gerardo Sánchez García, sugirió la apertura del padrón del programa y que se eleve a rango de ley. “No hay que satanizarlo ni desaparecerlo, sino darle una dimensión productiva que vaya más allá de lo meramente asistencialista y pueda premiarse e impulsar al productor que eleve su productividad”.
Postura similar sostuvo el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa Hernández, al pronunciarse por una entrega más equitativa de los recursos, ya que constituyen un piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad, pero también permite a los agricultores comerciales aumentar las ganancias y elevar la rentabilidad de sus cultivos.
Agregó que el programa debe contar con un sistema de información actualizada y precisa para identificar las hectáreas que han sido dadas de baja y los motivos de ello, pues “a 15 años de distancia de la aplicación del Procampo, las organizaciones campesinas desconocen las modificaciones hechas al padrón original”.
Javier López Macías, de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, sugirió depurar el padrón del Procampo, crear un nuevo programa para superar al actual e incorporar a los beneficios de dicho tipo de subsidios a 200 mil productores.