Deben involucrarse los tres poderes, señala representante de Naciones Unidas
Exigen la aprobación de una política de Estado para derechos humanos
En la elaboración de un nuevo programa nacional de derechos humanos se deben corregir deficiencias del aprobado durante el foxismo, centralmente, que se haya circunscrito al Poder Ejecutivo, por lo que es necesario involucrar al Legislativo y al Judicial, con el fin de que realmente exista una política de Estado en la materia, sostuvo Amerigo Incalcaterra, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A su vez, en el contexto del seminario sobre los retos y desafíos del nuevo programa, organizado por la Secretaría de Gobernación, Adrien-Claude Zoller, presidente del grupo Ginebra por los Derechos Humanos, señaló que los alcances de dicho programa fracasarán si no están asociados a una reforma constitucional en la materia y a otra al Poder Judicial.
"Son dos elementos sin duda indispensables para obtener un progreso sustancial en el campo del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos."
De igual forma, Zoller demandó recuperar el esquema de construcción del programa aprobado durante el sexenio foxista que incorporó la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) de los derechos humanos en las discusiones de los diversos temas.
A su vez, Incalcaterra destacó que en todas las naciones existe la necesidad de implementar políticas públicas expresamente dirigidas a la prevención de la violaciones a los derechos humanos.
No hay ningún país que sea perfecto en dicha protección, por lo que debe partirse de diagnósticos de las realidades particulares. En México ya existe una evaluación sobre el asunto, elaborada en el contexto de la aprobación del anterior programa.
Incalcaterra coincidió con Zoller en la necesidad de vincularse con las ONG, no sólo por su contribución a la construcción del programa, sino porque "generan sinergias" gracias a la aportación de experiencias y conocimientos.
El representante de Naciones Unidas insistió en que para la instauración del programa es necesaria la coordinación de los tres poderes de la Unión, con el fin
de definir una política de Estado.
"Cada uno de los poderes tiene una función específica que cumplir para hacer efectivos los derechos humanos."
Apuntó que el Poder Judicial juega un papel decisivo en la protección de los derechos humanos y en la "justiciabilidad" de éstos.
De ahí, abundó, la necesidad de aterrizar los esquemas de colaboración entre poderes que reflejen realmente el compromiso institucional del Judicial, "sin que se ponga en riesgo su independencia".
Destacó la necesidad -que definió como crucial- de que se tomen en cuenta las condiciones particulares en que se encuentran los grupos que enfrentan mayor discriminación y exclusión.
El propósito, explicó, es incorporar a esos grupos en el proceso de elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación del programa, lo cual contribuiría a instaurar un "proyecto incluyente, participativo, conducido de manera transparente y basado en el diálogo y la confianza", lo cual es fundamental para que sea eficaz.
Finalmente, Incalcaterra destacó que una de las deficiencias del programa de derechos humanos aprobado durante la pasada administración fue que no se establecieron metas a corto, mediano y largo plazos, lo que se tradujo en un obstáculo para la consecución de objetivos.