Las policías mexicanas: a un paso (trasatlántico) de Scotland Yard
Las policías mexicanas tienen un enorme potencial. Más de 400 mil agentes en los distintos órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- trabajan extenuantes jornadas en las mil 600 corporaciones que reconoce el Plan Nacional de Desarrollo. No es la intención de este artículo realizar un diagnóstico exhaustivo de la compleja red de factores y variables que prefiguran la realidad de la seguridad pública en México, su objetivo es tan sólo destacar cinco puntos que pueden explicar por qué una fuerza policial tan amplia rinde frutos tan exiguos, cuando no contraproducentes:
1. La relación entre la cruzada contra las drogas en Estados Unidos, secundada por el Estado mexicano, y la ausencia de un control efectivo sobre el gasto electoral.
El cambio democrático en México -cuyos grandes hitos ocurrieron en 1997, con el quebranto de la mayoría que hasta esa fecha conservaba el PRI en la Cámara de Diputados, y en 2000, al producirse la alternancia en el Poder Ejecutivo- trajo consigo un costo no calculado, un side effect, para nuestra incipiente democracia: el fin del monopolio político hizo posible no sólo que cualquier partido político pudiera ganar elecciones, también abrió la puerta a un mercado en el que el dinero habría de permitir la compra de candidaturas "por la mala", para ganar elecciones "por la buena". La situación resulta mucho más grave si se tiene en cuenta que dicho dinero proviene de las enormes ganancias del narcotráfico, las cuales sólo son posibles con el acuerdo político vigente, muy efectivo por cierto para reducir la oferta y aumentar las ganancias por el tráfico de las sustancias prohibidas. ¿Cómo no habrían de corromperse en este contexto corporaciones policiacas enteras, como hemos visto en Michoacán o en Baja California?
Pasarán probablemente muchos años antes de que sea reconocida la necesidad de cambiar la política antinarcóticos y las creencias en las que ésta se sostiene actualmente; sin embargo, los institutos y tribunales electorales pueden desde ahora controlar eficazmente los gastos electorales y, con ello, contribuir significativamente al proceso de depuración de nuestras policías.
2. La rotación del personal policiaco.
La altísima rotación de los agentes policiales en nuestro país -sólo comparada con la que ocurre en las filas de la milicia- genera inseguridad pública porque frustra el desarrollo de una carrera policial y porque en sí misma contribuye al incremento de la delincuencia. Así lo atestiguan las notas periodísticas que dan cuenta de numerosos y graves delitos cometidos por ex policías.
Esta realidad debería indignarnos, pero no sorprendernos. Un estudio de la organización Fundar (proyecto Metágora, 2006) que se llevó a cabo en el Distrito Federal, ha podido documentar la especialización en los abusos que tienen lugar por parte de las distintas organizaciones de la policía. Los policías judiciales, por ejemplo, abusan de la población en 48 por ciento de los casos en que tienen contacto con ella. Estos policías son los que "más recurren a las amenazas en contra de los individuos (amenazas para obtener información o confesiones, amenazas en contra de seres queridos o familiares, y amenazas de levantar cargos falsos)". ¿Qué tiene de raro que estos mismos agentes, cuando se dan o son dados de baja (o incluso en activo) participen en robos, extorsiones y secuestros? Los expertos llaman a este fenómeno delincuencia iatrogénica, es decir, aquélla que, como las infecciones contraídas en los hospitales, se genera por el propio sistema encargado de combatir el crimen.
3. La falta de un debido proceso.
El conjunto de normas e instituciones que garantizan un juicio justo a toda persona, conocido como el debido proceso, no sólo es una precondición básica para que los estados democráticos ejerzan el monopolio de la fuerza pública en contra de sus habitantes, constituye además el control de calidad por excelencia de los cuerpos policiales. La profesionalización policial y los beneficios que acarrea el desarrollo tecnológico sólo tienen sentido en el contexto de un debate presidido por los jueces y cuando la autoridad policial queda expuesta a la mirada del público interesado en saber a quién se acusa, cómo y por qué se le acusa. Así ocurre en el Reino Unido, pero también en países más cercanos, como Colombia y Costa Rica.
Mientras no se abandone el sistema inquisitivo vigente en México (excepción hecha del estado de Chihuahua), de poco servirán los enormes recursos destinados a sostener y equipar a las policías. Valga una metáfora: el aparato de seguridad pública es como el motor de un automóvil que no puede llegar a su destino si al volante del mismo no se encuentra un sistema de debido proceso.
"Sin justicia penal no habrá seguridad pública". Este enunciado, cuya adhesión podría utilizarse para distinguir entre un político y un estadista, no implica que el debido proceso sea suficiente para garantizar la tranquilidad en nuestras calles y hogares. Los profesionales de la administración pública saben que también son necesarios controles adicionales al interior de los cuerpos de seguridad -como es el caso de la reconocida DPS (Directorate of Profesional Standards) dentro de la Policía Metropolitana en Londres, que atiende no sólo cuestiones internas, sino la calidad de los servicios que la policía brinda a la población-, así como controles externos -de tipo parlamentario o ciudadano (como el escrutinio público que se practica en algunos países en los que los ciudadanos ordinarios pueden acompañar a los agentes policiales durante su rutina diaria).
4. El desconocimiento del principio de subsidiariedad.
La seguridad de un país sólo puede construirse de abajo hacia arriba. El camino inverso conduce al fracaso. La seguridad determinante para el habitante es la que recibe en su comunidad más inmediata, llámese colonia, barrio o ciudad.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reivindica el principio de subsidiariedad como un valladar ante el centralismo político y como un elemental principio de eficiencia administrativa. El respeto al principio de subsidiariedad en México implicaría dar un apoyo preferente a las instituciones de seguridad pública locales frente a las corporaciones federales.
5. La castrante militarización.
La realización de funciones de seguridad pública por parte de militares en México constituye ciertamente un factor de riesgo para los derechos humanos. El problema se encuentra no sólo en la formación y el entrenamiento militar, cuyo objetivo es enfrentar "al enemigo" y no "al ciudadano", también deben tenerse en cuenta los obstáculos que enfrenta cualquier indagación sobre su gestión, frecuentemente cubierta por la gruesa cobija de la "seguridad nacional". Si bien son alarmantes, tal vez éstos no sean los principales problemas que acarrea la militarización de la seguridad pública. Un mal más profundo se genera con la tutela prolongada de los militares sobre los civiles en esta materia. Se trata de la invasión de la esfera militar en un ámbito propiamente civil, un ejemplo de ello es el freno impuesto a la tecnificación policial por el tutelaje militar.
La presencia de algunos excelentes médicos militares en la Secretaría de Salud no tendría que escandalizar a nadie, pero el sistema de salud pública no puede depender de los militares con el argumento de que "sólo ellos garantizan el servicio". Cuando las instituciones de seguridad o de salud pública se colapsan, hay que reconstruirlas desde la civilidad, no militarizarlas.
Por enorme que parezca el reto, es preciso asumir desde el ámbito civil las tareas de la seguridad personal y colectiva. Aún es tiempo de atenderlas.
* Profesor-investigador del ITAM. Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU