Es herramienta esencial para combatir corrupción y mejorar la democracia, señala
AL debe mostrar mayor compromiso con el acceso a la información: CIDH
Recomienda a los estados considerar “el principio de máxima divulgación”
Con la finalidad de consolidar las democracias en América Latina, la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apremió a los estados del continente a mostrar “mayor compromiso” con el acceso a la información generando normas, realizando modificaciones legislativas y asignando más recursos económicos.
En un informe que analiza la situación en la región, el titular de la relatoría, Ignacio Alvarez, señala que dicha garantía “es una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, caracterizadas por la cultura del secretismo y organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo de los datos no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a éstos”.
La intención del análisis es facilitar la comprensión del derecho de acceso a la información, su alcance y límites, y constituirse en herramienta útil de trabajo en las actividades de promoción de dicha garantía.
Entre los elementos que deben considerarse en el régimen de acceso a la información, el documento señala el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que todo dato es accesible. “Las personas no tienen que acreditar interés directo por obtener información, ya que el Estado debe darles la que soliciten, a menos que a ese pedido se aplique alguna restricción legítima”.
Asimismo, apremia a los estados a promover entre la sociedad y en el sector público una cultura de la transparencia para ejercer el derecho mencionado. Afirma que en una legislación la obligación de suministrar información debe ser amplia para abarcar todos los órganos del poder público y entidades privadas que ejerzan funciones públicas, y que cuando se soliciten datos que no tengan deben generarlos y reunirlos mediante distintas fuentes.
“Esta relatoría estima que los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia también implican un deber básico de recolección, registro y difusión de oficio de información por parte del Estado”, subraya Alvarez.
El análisis aduce que cuando un Estado restrinja información debe basarse en limitaciones estipuladas por la Convención Americana, por lo que éstas tienen que estar claramente establecidas en la ley, es decir, en casos de derechos o reputación de los demás, seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas, y los motivos y fundamentos legales deben ser específicos y justificados.