Acusan autoridades y partidos políticos españoles a ETA por el ataque; silencio etarra

Atentado con coche bomba en el País Vasco contra la Guardia Civil

El vehículo fue detonado en Durango, provincia de Vizcaya; 2 policías resultaron heridos leves

Exige el PP que se inicie cuanto antes el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca

armando g. tejeda (corresponsal y agencias)

Madrid, 24 de agosto. Un coche bomba, cargado con más de 80 kilos de explosivos, explotó en la madrugada de este viernes en la casa cuartel de la Guardia Civil en Durango, provincia vasca de Vizcaya, en lo que fue el primer atentado atribuido a la organización armada vasca ETA desde que ésta anunció, en junio pasado, el final del alto el fuego permanente.

La deflagración provocó cuantiosos daños materiales y heridas leves a dos policías españoles. Hasta el cierre de esta edición, el grupo separatista no había reivindicado el ataque.

Según la Guardia Civil española, un joven encapuchado estacionó de reversa un vehículo a las puertas de la comisaría, situada en las llamadas “casas cuartel”, que son complejos habitacionales en que viven los agentes destinados en el País Vasco con sus familias.

Este centro policial ha sido un objetivo histórico de ETA, con al menos 10 atentados durante los últimos 30 años.

El agente de guardia, que se percató de la presencia del vehículo sospechoso y del joven encapuchado, intentó activar un inhibidor de frecuencia; sin embargo, unos minutos después estalló el potente coche bomba.

La deflagración provocó daños en 200 metros a la redonda, entre ellos la rotura de cristales, la calcinación de unos 20 vehículos, entre ellos 10 coches patrulla, y heridas leves a dos agentes de la Guardia Civil.

Después, el supuesto responsable del atentado habría huido en otro vehículo, un Citröen C-15 robado hace unas semanas en Portugal, el que fue posteriormente encontrado totalmente calcinado en Amorebieta, a unos 11 kilómetros del lugar del atentado.

La Policía Judicial de Portugal está colaborando en las investigaciones llevadas a cabo en la vecina España sobre el atentado, informó la agencia de noticias Lusa.

Fuentes de la Policía Judicial española recordaron que la colaboración con la policía portuguesa se realiza “a semejanza de lo que ocurre en otras situaciones”, como en junio pasado, cuando se encontró un coche de ETA cargado con explosivos en Ayamonte, cerca de la frontera con Portugal.

Las autoridades portuguesas tampoco confirmaron si es verdadera o falsa la matrícula del vehículo utilizado por los etarras para huir después del atentado.

Sin embargo, la versión electrónica del matutino Público de Lisboa aseguró, sin identificar las fuentes, que el vehículo fue alquilado en una empresa de Quarteira, en la región meridional portuguesa de Algarve, y retirado en la ciudad septentrional de Oporto, hace alrededor de tres meses, pero que jamás fue devuelto.

La víspera, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, había reiterado las sospechas de la policía de que ETA intentaba cometer un atentado en territorio español, al insistir en que si no lo había hecho fue porque las fuerzas de seguridad lo habían evitado con la detención de una veintena de militantes de la organización vasca armada y la incautación de abundante material explosivo, armas de grueso calibre y documentos relevantes sobre la estructura interna de la banda separatista.

Joan Mesquida, director de la Guardia Civil, señaló que el atentado “pudo haber sido una carnicería”, ya que, como es habitual en ETA en sus acciones contra la policía española, no avisó previamente de la colocación del coche bomba, por lo que el objetivo era hacer el “mayor daño posible”.

El primer atentado de ETA desde el final de la tregua provocó una tormenta de reacciones por parte de los partidos políticos vascos y españoles, y del propio Ejecutivo español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió a los miembros de ETA que “no conseguirán torcer la voluntad de la mayoría por la fuerza, pero éramos conscientes de que ETA quería y podía intentar realizar un atentado en cualquier momento”.

Añadió: “El gobierno tiene voluntad y determinación para que todos los terroristas terminen en la cárcel, que es donde deben estar los que quieren imponerse por la fuerza de las armas”.

Tras el atentado, el dirigente de la ilegalizada coalición Batasuna, considerada por Madrid brazo político de ETA, Pernando Barrena, acusó al gobierno español de haber “rechazado” una propuesta firme de ETA de un “desarme definitivo” a cambio de “un acuerdo político que reconociera el derecho a decidir de Euskal Herria”.

El resto de la clase política vasca y española condenó el atentado y exigió a Batasuna que se desmarque de la lucha armada, y demuestre “autonomía política”.

El derechista Partido Popular demandó al gobierno que inicie cuanto antes el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, la coalición que concurrió a las elecciones municipales pasadas en nombre de la izquierda abertzale, ya que ésta formación tampoco condenó el ataque.

Advertencia francesa

Por su parte, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, realizó este viernes una visita de trabajo al País Vasco francés para fortalecer los sistemas de persecución de las actividades terroristas en esa región de tránsito etarra.

En una enérgica advertencia, Sarkozy señaló que “los terroristas no tienen derecho de morada en el territorio de la república francesa y estamos totalmente decididos contra esta clase de terror, ya que los terroristas son los primeros y principales cobardes”.

Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico condenó el atentado explosivo y le aseguró a las autoridades españolas “todo su apoyo en la lucha contra el terrorismo”.

“Condenamos el atentado con coche bomba en el País Vasco que dejó heridas a dos personas. No hay justificación para tales actos de violencia”, declaró a la prensa un portavoz de esa dependencia, no identificado por Afp.

ETA anunció el 5 de junio el fin del alto del fuego permanente que decretó en marzo de 2006, por lo que echó por tierra el proyecto del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de alcanzar un acuerdo de paz con los independentistas armados.

Pero la organización ya había roto de hecho la tregua con un atentado el 30 de diciembre de 2006 en un estacionamiento del aeropuerto de Madrid, que mató a dos ciudadanos ecuatorianos.

Desde el anuncio de su regreso a las armas, ETA ha sufrido numerosas bajas, sobre todo en Francia con la detención de 18 miembros del grupo separatista, entre ellos el jefe de su aparato logístico, y la incautación de casi 400 kilos de explosivos.

Al grupo separatista se le atribuyen 819 muertos en los cerca de 40 años que lleva luchando con las armas en España en favor de la independencia del País Vasco.