Los implicados, dos ex funcionarios y un legislador
Decide tribunal brasileño juzgar a tres acusados de comprar sufragios
Brasilia, 24 de agosto. Uno de los casos de corrupción más sonados de Brasil en la presente década entró hoy en una nueva fase, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió juzgar a los presuntos responsables de haber comprado el voto de legisladores de la oposición, hace dos años, y haber creado una “caja negra” para financiar ilegalmente las campañas políticas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
El Ministerio Público Federal acusó a 40 personas de formar parte del esquema de corrupción, pero después de revisar los cargos esta semana, el STF sólo dio curso a las denuncias contra tres implicados, entre quienes destaca el diputado del PT Joao Paulo Cunha, titular de la Cámara baja en 2005, cuando la revista Veija publicó las primeras versiones sobre el caso.
El plan habría sido ideado por José Dirceu, jefe de asesores del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, entre 2003 y 2005, cuando renunció obligado por el escándalo público que desató la publicación del reportaje de Veija, basado en revelaciones del entonces diputado Roberto Jefferson, quien en su calidad de militante del Partido Laborista (Trabahalista) Brasileño era aliado del gobierno petista.
Cunha, quien fue absuelto por sus colegas legisladores en 2006 y relecto en octubre de ese año, está acusado de corrupción pasiva, peculado y lavado de dinero. Según versiones de prensa, benefició a las empresas de publicidad del empresario Valerio de Souza mediante contratos irregulares.
De Souza también forma parte del grupo de 40 coacusados, junto con Luiz Gushiken, ex secretario de Comunicación de Lula, y Henrique Pizzolato, ex director de marketing del Banco do Brasil.
El STF resolvió no aceptar las denuncias hechas por el procurador general de la República, Antonio Fernando de Souza, contra Dirceu y tres ex miembros de la directiva del PT: el ex presidente José Genoino, el ex secretario general Silvio Pereira y el ex tesorero Delubio Soares.
Las acusaciones, formalmente presentadas en marzo de 2006 por el procurador general, sostenían que Dirceu lideraba una “organización criminal” que funcionaba en tres niveles, político-partidario, publicitario y financiero. Pese a los altos niveles que tocó el esquema de corrupción, las acusaciones jamás implicaron a Lula, quien en 2005 afirmó que en Brasil no había un político más honesto que él.
Después de emitir esta primera resolución sobre el caso, el STF debe analizar otras denuncias y deja pendiente la posibilidad de que otros de los 40 acusados sean llevados a juicio.