Un acuerdo entre las secretarías de la Defensa y Seguridad Pública federal así lo estipula

Militares en labor policiaca que cometan violaciones no serán juzgados por civiles

gustavo castillo garcia

La justicia civil no podrá juzgar a militares que cometan violaciones a derechos humanos u otro tipo de delitos mientras actúen como policías federales, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pactó con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que los efectivos castrenses “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, según el convenio de colaboración firmado en abril pasado entre ambas instituciones, para dotar de más agentes a la Policía Federal Preventiva (PFP).

Sin embargo, de acuerdo con el convenio Sedena-SSP federal, del cual posee copia La Jornada, será esta última secretaría la que “responderá y atenderá de forma integral cualquier controversia jurídica o de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional que se genere con motivo de la actuación del personal militar en apoyo” de esa dependencia.

Y precisa el documento: “desvinculando a la Sedena de cualquier tipo de responsabilidad, la cual sólo será competente para conocer de los delitos del fuero militar”.

En ese sentido juristas que solicitaron el anonimato por su cercanía con la Sedena indicaron que el convenio lo único que hace es reiterar lo que estipula el Código de Justicia Militar, en el sentido de que los militares serán juzgados por tribunales castrenses cuando cometan algún delito con motivo de su servicio.

En tanto, señalaron los juristas, la SSP federal deberá responder cuando haya alguna queja-controversia por parte de organismos nacionales o internacionales por la actuación de los militares en su calidad de policías, y se tenga que reparar un eventual daño.

Respecto del convenio, el documento precisa que a partir de la firma de ese documento, la SSP federal no sólo recibirá apoyo de la Tercera Brigada de Policía Militar como había sido práctica desde 1999 cuando se creó la PFP, sino que ahora podrá contar con la colaboración de elementos de la primera y segunda brigadas de Policía Militar, y en caso de ser necesario de “cualquier otra unidad” castrense.

El pasado primero de abril, los secretarios Genaro García Luna, de la SSP, y Guillermo Galván Galván, de la Sedena, así como el subsecretario Patricio Patiño Arias y el oficial mayor de la SSP, Sergio Montaño Fernández, además de los generales Humberto Eduardo Antimo Miranda y Augusto Moisés García Ochoa, signaron el convenio mediante el cual la Sedena “pondrá en apoyo de la SSP siete mil 588 elementos”.

Así, por primera vez desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la “transferencia” de siete mil 500 militares a la PFP, se concreta el apoyo para fortalecer las labores de vigilancia en materia de seguridad pública.

Sin embargo, el convenio establece que la SSP se comprometió a “reclutar mil 500 elementos anualmente, con la finalidad de disminuir paulatinamente” a los militares que participan en labores policiacas.

Estos militares, para realizar sus funciones en “materia de seguridad pública”, contarán con “una licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego durante el tiempo que permanezca en apoyo a la SSP”, refiere el documento.

De igual manera, precisa que “los recursos humanos de la Sedena que prestarán sus servicios en apoyo de la SSP operarán de manera orgánica y bajo el mando de sus propios comandantes, sin mezclárseles con otro tipo de personal, de conformidad con el empleo y operación de la unidad respectiva, a fin de no asignárseles tareas o misiones para las que no fueron organizadas”.

Otra cláusula del convenio puntualiza que “los recursos humanos pertenecientes a la Sedena puestos en apoyo de la SSP continuarán recibiendo por parte de ésta los correspondientes haberes, sobrehaberes, asignaciones y, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas las prestaciones de seguridad correspondientes”.

Pero, agrega, que “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”.

Sin embargo, quedan excluidos de lo anterior “los elementos que voluntariamente han solicitado su ingreso a la SSP federal”, ya que la dependencia que dirige Genaro García Luna promovió la contratación de personal militar en instalaciones castrenses, para aumentar el número de elementos en la PFP.

Este convenio de colaboración señala que la SSP, “previa coordinación con los mandos territoriales de la Sedena, podrá solicitar hacer uso de instalaciones militares durante su despliegue en el territorio nacional, para lo cual cubrirá gastos de operación y conservación de aquellos inmuebles que resulten dañados, así como el pago de las raciones por concepto de alimentos que consuman”.

En ese sentido, se debe mencionar que la SSP federal pagará a la Sedena un total de 76 millones 540 mil 156 pesos, “para mantener operativos en un ciento por ciento los citados recursos, por nueve meses de vigencia” del convenio, que precisa el envío de siete mil 588 elementos.