Una vez aprobada la reforma no procede ninguna impugnación de su parte, dicen
Rechazan juristas que el cargo de consejero electoral sea “inamovible”
Difieren de lo declarado por Luis Carlos Ugalde y lo califican de “empecinado”
Si las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como la mayoría de los congresos estatales aprueban la reforma electoral que plantea, entre otras cosas, la remoción total o parcial de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), será un “mandato del constituyente permanente, único órgano reformador de la Constitución”, y en contra de eso no procede ninguna vía de impugnación jurídica, ni siquiera el juicio de amparo, coincidieron cuatro connotados constitucionalistas.
En entrevistas por separado, los juristas Elisur Arteaga Nava, Raúl Carrancá y Rivas, Clemente Valdés y Lorenzo Córdova rechazaron que el cargo de consejero del organismo electoral sea “inamovible”, tal como lo aseguró el pasado martes Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE.
“Es una tozudez el empecinamiento que están teniendo Ugalde y toda su camarilla, después del mal desempeño que tuvieron en el pasado proceso electoral; se están aferrando al hueso”, sostuvo Arteaga Nava. Sin embargo, Córdova indicó que la remoción de los consejeros “debe ser consecuencia de la reforma electoral, no condición de los partidos para aprobarla”.
Para Raúl Carrancá, “una vez echada a andar la maquinaria legislativa para un constituyente permanente, y ya logrado un consenso entre las fuerzas políticas y una conclusión, absolutamente sí cabe la posibilidad, y no tiene nada de inconstitucional, de una reforma de un organismo como el IFE.
“No se trata de un castigo o una sanción a los consejeros; no es que de pronto el Poder Legislativo diga ‘oye Ugalde, te vamos a retirar a ti y a tus compañeros’, no es eso. Se trata de decir: dentro de la reforma electoral vamos a transformar el IFE con otro esquema; creo que a los funcionarios removidos se les darán todas las cortesías y lo que es su derecho, como alguna jubilación o bono de retiro”, puntualizó el constitucionalista.
El también especialista en derecho constitucional Clemente Valdés aseveró que “una vez aprobada la reforma no cabría la vía del amparo, sería inimpugnable; lo único que podría reclamarse mediante el juicio de garantías es el hecho de que la reforma constitucional no se hubiera dado dentro del procedimiento jurídico que establece el artículo 135 constitucional, es decir, que no se hubiera tenido mayoría de votos entre los legisladores”.
Asimismo, abundó que la reforma electoral necesariamente debe plantear una mejoría en el IFE, aunque esto “no necesariamente debe pasar por la remoción del Consejo General del instituto”.
Desde la perspectiva de Lorenzo Córdova, “equivoca el tiro” quien piense que la salida de uno, varios o todos los consejeros sea condición para aprobar la reforma electoral, pero “si a consecuencia de la reforma se plantea la remoción de los funcionarios, pues será un mandato del constituyente, es decir, de un órgano reformador de la Constitución, y contra eso no cabe el amparo”.
El especialista destacó durante una entrevista radiofónica la importancia de la aprobación de una reforma electoral. “El último gran proceso de reforma electoral ocurrió hace 11 años. Lo que evidenciaron los comicios de 2006 fueron una serie de lagunas, de huecos que deben subsanarse desde la propia ley electoral, pues de no hacerlo muy pronto estaremos arrepintiéndonos”.
Refirió que esta nueva reforma que se plantea “es necesaria porque atiende el problema de la equidad en las contiendas electorales, el asunto del financiamiento a la política, se enfoca en el problema del acceso a los medios de comunicación y fortalece a los órganos electorales en términos de la fiscalización”.
Clemente Valdés explicó que una vez que las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaran la reforma electoral, “tendría que enviarse el documento a los congresos estatales para que cada uno lo estudie de acuerdo con las reglas de las constituciones locales y de las leyes orgánicas correspondientes, y al final voten para ver si se aprueba o no la reforma”.