Más de 7 mil militares realizarán tareas policiacas
ONG considera un cheque de impunidad el pacto Sedena-SSP
El acuerdo signado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que garantiza que al menos 7 mil 588 militares realicen labores policiacas, “sólo es un cheque de impunidad, ya que la justicia militar se cierra y en realidad no aplica castigos a sus hombres”, afirmó Adrián Ramírez, dirigente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Entrevistado al término de un acto en el que se anunció la realización de una manifestación ciudadana en demanda de mayor seguridad pública, el defensor de los derechos humanos refirió que en este momento “la presencia de militares convertidos a policías significa que en la realidad el Ejército patrulla las calles”.
Adrián Ramírez señaló que a sus efectivos “la justicia miliar les da cheques de impunidad, cuando supuestamente realizan actividades estando en servicio, aun cuando participen en tareas que no les corresponden”.
Además, mencionó que “estos acuerdos casi secretos (para transferir militares a corporaciones policiacas) es una muestra de que sólo en apariencia estamos regidos por una justicia civil, pero en realidad tenemos un gran número de militares que supuestamente resguardan a la sociedad”.
El representante de la Limeddh refirió que en México se han vivido “situaciones concretas como en Atenco, Oaxaca, Guadalajara y Yucatán, en donde militares vestidos de policías fueron quienes reprimieron los movimientos sociales. Lo único que se hace es trastocar las leyes”.
Por ello, dijo, “no está demás recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una actitud inconstitucional al aprobar tesis jurisprudenciales que permiten la participación de la milicia en cuestiones de seguridad pública”.
Así, señaló, la publicación del acuerdo “revela que la Sedena es quien patrulla las calles y evidencia la manera en que las autoridades civiles van cediendo sus espacios”.
Se debe recordar que La Jornada publicó el pasado 28 de agosto el contenido del acuerdo mediante el cual la Sedena “prestó”–recibiendo en contraprestación de 76 millones 540 mil 156 pesos–, a un total de 7 mil 588 efectivos, para que participen en cuestiones de seguridad pública en todo el país, colaborando con las tareas encomendadas a la Policía Federal Preventiva.
En ese contexto, en el convenio del cual posee copia este diario, se refiere que los militares que colaboren con la PFP “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, y también precisa que institucionalmente será la SSP federal la que “responderá y atenderá de forma integral cualquier controversia jurídica o de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional que se genere con motivo de la actuación del personal militar en apoyo” de esa dependencia, “desvinculando a la Sedena de cualquier tipo de responsabilidad”.