Corporaciones multinacionales pretenden apropiarse de la zona, revela estudio
Desalojos en Chiapas, una etapa más de la mercantilización de la naturaleza
Los desalojos en curso de comunidades indígenas en Montes Azules, Chiapas, obedecen a las políticas de “privatización conservacionista” y mercantilización de la naturaleza impulsadas por los organismos multilaterales, financieros y de cooperación internacional. De acuerdo con análisis de la organización civil Maderas del Pueblo del Sureste, el Banco Mundial está detrás del Corredor Biológico Mesoamericano, la Unión Europea respalda el proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible (Prodesis), y la estadunidense Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) el llamado Selva Lacandona Siglo XXI: estrategia conjunta para la conservación de la biodiversidad.
La aplicación de estos planes, prosigue el estudio, “es operativizada localmente por ciertas organizaciones ‘no gubernamentales’ de carácter trasnacional” como Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF), así como sus aliados nacionales Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), Merolek, Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba), Pronatura y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, todos vinculados a corporaciones multinacionales interesadas en la selva, “sea dentro de sus patronatos o consejos directivos y/o en calidad de importantes donantes”.
Entre los antecedentes inmediatos de los desalojos se cuenta el decreto federal de mayo pasado que expropia 14 mil 96 hectáreas de selva en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “con fines de conservación”, sin señalar su ubicación concreta y negándose ilegalmente el propio gobierno federal a hacer pública su localización precisa. Y el anuncio de la “entrega” a Semarnat de 22 mil hectáreas adicionales, hecho durante un acto público un día antes de los recientes desalojos (sin señalar igualmente dónde se encuentran) significa en términos de política ambiental, según Maderas del Pueblo, “un retroceso de más de 30 años, al regresar a la ‘conservación ecológica estatizada’, contraviniendo los lineamientos del Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO”, entre otros.
Maderas del Pueblo recuerda que la acusación de despojo e invasión contra indígenas en la selva Lacandona “se fundamenta en un ilegítimo y fraudulento decreto agrario publicado en 1972, mediante el cual se ‘reconocen y titulan’ 614 mil hectáreas de la selva en favor de únicamente 66 familias, mal llamadas ‘lacandonas’, habitantes entonces de tres poblados (Lacanjá Chansayab, Nahá y Metzabok), que habían iniciado 11 meses atrás tres distintos expedientes agrarios de dotación de ejidos, solicitando para todos sólo las 10 mil hectáreas que trabajaban y cuidaban”.
El objetivo de aquel fraude agrario perpetrado por el presidente Luis Echeverría y el gobernador Manuel Velasco Suárez fue favorecer la explotación de maderas preciosas por la empresa paraestatal Cofolasa. “La ilegal e ilegítima acción, que convirtió en latifundistas a las familias ‘lacandonas’ o más bien maya caribes, otorgándoles casi 10 mil hectáreas ¡por familia!, significó un despojo y una violación de los derechos de 47 poblados tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentados en la región desde los años 50 y 60; todos con procesos agrarios legalmente instaurados y 17 de ellos con resolución presidencial emitida”.
La maniobra se complementó en 1978, con la inclusión en calidad de “subcomuneros” de los jefes de familia de Frontera Echeverría (choles, hoy Frontera Corozal) y Manuel Velasco Suárez (tzeltales, hoy Nueva Palestina), producto del primer proceso de reubicación forzosa entre 1974 y 1976 sobre los 47 poblados citados, 21 de los cuales aceptan su reubicación y concentración en las “aldeas modelo” Frontera Corozal y Nueva Palestina.
“Tristemente, un buen número de estos indígenas, sobre todo tzeltales, se han convertido en una especie de paramilitares, verdugos de sus hermanos indígenas, como ocurrió el 13 de noviembre de 2006 con la impune masacre ejercida por subcomuneros de Nueva Palestina contra el poblado Viejo Velasco, que tuvo un saldo de seis muertos (uno de ellos ‘palestino’) y dos desaparecidos”. Y como en los actuales desalojos, contaron con el apoyo federal y de la Fiscalía Especial del estado. “Estos ‘subcomuneros’ saquean, roban y se reparten todos los bienes de los poblados desalojados, a manera de un verdadero botín de guerra”, apunta Maderas del Pueblo.