Solamente cambiaron recinto, fecha y anfitriones
Sin fallas técnicas, ritual y retórica siguieron vigentes
Sólo cambiaron recinto, fecha y anfitriones. El ritual continuó vigente. Felipe Calderón revivió en una hora 20 minutos la tradicional retórica del día consagrado al Presidente, para emplazar a los actores políticos a transformar el país. “Sí es posible, pero esto no se puede hacer por decreto, requerimos disposición al diálogo y voluntad política”, afirmó en la arenga que no pudo leer ante el Congreso.
De manera indirecta, abordó la polémica sobre la salida de los consejeros del Instituto Federal Electoral. “He sido y seré siempre respetuoso de las autoridades electorales; cualquier esfuerzo por mejorar la fortaleza y la credibilidad de los procesos requerirá guardar un sano equilibrio entre el grado de consenso respecto de los procesos y las autoridades, y el continuo fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de acción de tales órganos”.
En cadena nacional, y sin interrupciones técnicas, subrayó que el país no puede estar permanentemente en estado de transición y reforma política. “Debemos evitar que el equilibrio de poderes corra el riesgo de traducirse en parálisis y en bloqueo permanente entre los mismos, la división de poderes”. Entre los poderes del Estado debe haber colaboración y no cancelación mutua de sus atribuciones.
Más de 20 veces interrumpido por quienes no pueden olvidar el rito de la veneración al mandatario en la presentación de su Informe de gobierno, el michoacano arrancó el mayor de los aplausos cuando hizo una “enérgica protesta” al Congreso y al gobierno de Estados Unidos por su política migratoria.
En materia económica hubo un discurso oscilante entre el triunfalismo por los 71 mil millones de pesos de reservas monetarias, y los escasos nueve años que le quedan al país con recursos probados de petróleo.
La seguridad fue su mayor orgullo en un mensaje donde una frase esbozó alguna señal de autocrítica: “ pesar de los errores e insuficiencias del gobierno, cuya responsabilidad asumo plenamente, México tiene rumbo claro y firme”.
Los empleados de gobierno sustituyeron a los otrora honorables integrantes del Congreso de la Unión. Apenas un puñado de legisladores de oposición se presentaron en el recinto alterno a San Lázaro, como se habilitó a Palacio Nacional.
“Tengo la certeza de que la presidenta de la Cámara de Diputados (la perredista Ruth Zavaleta) fue invitada a esta ceremonia”, dijo su sustituto, el panista Cristian Castaño. “No tiene la obligación legal de estar presente, y si decide no acudir está en todo su derecho”, justificó el coordinador de los diputados del blanquiazul, Héctor Larios.
Las principales fuerzas de oposición no estuvieron representadas por sus dirigencias. A la esperada ausencia del perredista Leonel Cota se sumó la de Beatriz Paredes, quien envió un representante. La polémica que precedió en torno a la paternidad del acto no obstó para que asistiera el líder del Partido Acción Nacional, Manuel Espino.
El toque de pluralidad vino de los institucionales gobernadores. Acudieron 24 mandatarios, incluidos algunos que ganaron con las siglas del PRD: Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas, cuya ausencia en el templete fue suplida con paneos televisivos para hacer patente que, aunque tarde, hizo presencia.
Insustituibles, los grandes magnates del país Carlos Slim, Roberto González Barrera y Lorenzo Servitje aplaudieron las consignas del Presidente, como también lo harían las mazahuas, muy lejanas de la zona VIP, en el segundo piso del recinto.
Solo, sin comisión de cortesía, Felipe Calderón llegó con la banda presidencial ceñida para enfatizar la solemnidad que confirió al acto. La escenografía televisiva recordaba el carácter del mismo: “Primer Informe de Gobierno”, que permaneció todo el tiempo a cuadro.
Algunas adaptaciones forzadas al formato. La consabida frase de “Honorable Congreso de la Unión” pasó a la historia; Calderón arrancó el discurso dirigiéndose al “ciudadano ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, seguido de un caudal de nombres que incluía al aún consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien no fue ubicado en la zona reservada a los representantes de los organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México.
Ineludible la alusión a las razones que alteraron la tradición del primero de septiembre; el jefe del Ejecutivo justificó: “Ha precedido a este acto una discusión que no puedo ni debo eludir; junto con muchos mexicanos he compartido la idea de que el formato del Informe debe cambiar (…) Asistí al Congreso de la Unión y en una ceremonia respetuosa y sobria presenté por escrito un informe del estado general que guarda la administración”.
Con la certeza de que no habría interpelaciones, el Presidente lucía relajado y satisfecho de esta ceremonia alterna. Nadie cuestionó su extensa alusión al papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, y su reconocimiento al “Ejército para la paz” le valió los primeros aplausos.
Justificó los operativos realizados y comenzó su danza de números. Diez mil detenidos en nueve meses, y presentó, como logro de su administración, la captura de una veintena de líderes criminales y enfatizó la extradición de la mayoría. A pesar de ello dijo que “sería irresponsable afirmar que esta lucha está ganada”, por lo que el hecho de que se disminuya transitoriamente su notoriedad no cancela que el crimen organizado continúe al acecho.
Sin aludir a los principales casos de violaciones a derechos humanos denunciadas en este sexenio, el jefe del Ejecutivo afirmó que ha mantenido una posición de total apertura y por eso ha sostenido reuniones con diversos organismos involucrados en la defensa de estas garantías.
“Mi propósito es que se despeje cualquier sombra de duda respecto de nuestro pleno compromiso con el respeto a los derechos humanos, y que se sancione toda conducta de autoridad que atente contra éstos.”
En este contexto externó su “profunda preocupación por los atentados de personas o grupos que recurren a la violencia para pretender hacer valer sus ideas y convicciones”. Por ello definió como vital que todos los que creen en la democracia reiteren su compromiso con ella, siempre en el marco de la ley. “Que nadie imponga por la fuerza a los demás sus propias ideas”.
La reforma electoral fue la única a la que dedicó gran espacio, ofreciendo asumir la imparcialidad “exigida al Presidente y que asumo a plenitud, y hago votos para que sea igualmente exigida y respetada por todas las autoridades en los diversos órdenes de gobierno”. A unos metros de él, los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, comentaban, sonreían, avalaban el discurso. Horas después, ya en su tierra, el veracruzano criticó la difusión en su estado del acto al que asistió el día de las elecciones locales, pues había el acuerdo de que se trasmitiría después de la jornada electoral.
Calderón se declaró partidario de cambios que permitan fortalecer las facultades de fiscalización de las autoridades electorales; que se regulen las precampañas; que las campañas sean más cortas y menos costosas; que se garantice la equidad entre los contendientes, y que todos los actores, sin excepción, rindan cuentas.
Al respaldar las negociaciones de dicha reforma reconoció que “los procesos electorales son perfectibles y requieren de la solidez de los procedimientos acordados y de las instituciones que los regulan”. Por ello, ofreció respetar los alcances de una reforma que los partidos resuelvan en el Congreso.
Felipe Calderón hizo una crítica implícita a Vicente Fox, al hablar de que en los primeros meses de gobierno “hemos recompuesto y fortalecido nuestra relación con todos los países latinoamericanos, sin excepción; México debe ejercer a plenitud la responsabilidad del liderazgo que le corresponde por historia, cultura, economía y posición geográfica en el continente”.
Criticó la insensibilidad mostrada por el Congreso y el gobierno de Estados Unidos hacia los trabajadores mexicanos indocumentados, y abogó en favor de una reforma migratoria integral. Al mismo tiempo condenó la construcción del muro.
En materia económica, destacó que recibió un país con estabilidad económica, aunque más adelante reconoció que existen rezagos sociales importantes. “Hay una enorme deuda con los más pobres; México no puede esperar más, llegó la hora de pagar esta deuda con los que menos tienen”.
Lo dijo como preámbulo a su insistencia de aprobar una reforma fiscal pues, según el Presidente, “el tiempo se agota”. Argumentó que las finanzas públicas están “severamente amenazadas por la declinación de la producción de petróleo. Por décadas México ha disfrutado de esta riqueza, pero ahora tenemos reservas probadas tan sólo para los próximos nueve años; todavía más grave, la producción diaria se ha reducido en más de 200 mil barriles. De continuar esta tendencia habrá un duro golpe a las finanzas, por lo que es urgente que el gasto público reduzca la enorme dependencia que tiene de los ingresos petroleros”.
En cuanto a política social, Calderón Hinojosa hizo un reconocimiento implícito a las estrategias de los últimos años del priísmo en el poder. Los programas establecidos hace más de una década, como Oportunidades, han demostrando su eficacia, señaló. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la población en pobreza extrema se redujo de 34.5 millones en 1996, a 14.5 millones en 2006, esto es, 20 millones menos, incluyendo los incrementos en el tamaño de la población. Mas allá de la controversia que generan estas cifras, dijo, reflejan que las políticas públicas han sido las correctas.
El balance presidencial, crítico en materia económica y social, lo hizo en la víspera de una semana vital para las reformas de su interés. El presidente del Senado, Santiago Creel, anunció que este lunes arrancarán los trabajos para concretar las reformas fiscal y electoral.
Como colofón a su mensaje político, Calderón dijo estar aferrado a su idea de que “es posible transformar a México”, aunque esto no es tarea de un día ni de un año ni de un gobierno. Así terminó la pieza oratoria del Presidente, que fue definida por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, como un “informe de transición; es un sistema que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer”.