Usted está aquí: lunes 3 de septiembre de 2007 Política Fepade incumple la obligación de transparentar sus actividades

Brinda mucha información, pero poco clara, concluye estudio

Fepade incumple la obligación de transparentar sus actividades

Elizabeth Velasco C.

A pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) presenta una importante cantidad de información en su página electrónica, aún no transparenta sus actividades, destacan las especialistas en ese tema Ana Suárez Zamudio y Libby Haight.

En el estudio Transparencia en la Fepade: un análisis ciudadano de la información disponible en su portal de Internet, coeditado por el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos y la asociación Fundar, indican que uno de los problemas más elementales, pero relevantes que tiene su página web, es lo “bastante complicado” que es “encontrar los resultados específicos de cuáles delitos electorales han sido castigados y de qué manera, en qué localidad, etcétera”.

También, dicen, resulta difícil encontrar los resultados de los procesos más destacados en las elecciones de 2000, como el caso Pemexgate (asunto relativo a los 500 millones de pesos que el Partido Revolucionario Institucional recibió en ese año del sindicato petrolero para su campaña electoral) o el de Amigos de Fox (por medio del cual el entonces ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional Vicente Fox recibió financiamiento del exterior), o bien: ¿en qué estados ocurren más delitos electorales, cuáles son, cómo se han resuelto o cuáles son las dependencias en las que más se denuncian?

Aún más importante, subrayan, es desconocer a la fecha “cuántos casos de delitos presentados ante la Fepade han resultado en sanciones y cuáles fueron éstas”.

Las especialistas admiten que la Fepade explica muy bien las conductas que constituyen delitos electorales, pero cuando de estadísticas y de gráficas se trata, el panorama que da “es muy vago”, además de que los datos se encuentran “descontextualizados, de manera tal que impide la comprensión y el seguimiento por rubro de los resultados”, afirman.

Las participantes en la investigación Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas ilustran con diversos ejemplos sus afirmaciones. A la fecha, dicen, “es imposible –aún cotejando la información con aquella que se presenta en los informes anuales– conocer cuál fue el desarrollo de los casos en los que se utilizaron programas sociales con fines electorales en cierto estado de la República”.

Esto, precisan, se debe a que la información es presentada “de forma muy general, sin establecer relaciones claras entre una y otra gráfica”, por lo que “sólo se conoce un aspecto del proceso deliberativo”.

Suárez y Haight sostienen que “en ninguna de las secciones de la página (electrónica de la Fepade) es posible encontrar expedientes de casos resueltos; tampoco plantean la posibilidad de solicitarlos ni indican cuál sería el procedimiento a seguir si alguien se interesa por ellos”. Ante ello, “es necesario echar mano de diversas fuentes para poder encaminar una solicitud de información de la Fepade a la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Otra complicación para los usuarios, indican las investigadoras, es que la fiscalía no tiene su propia página web, sino que el usuario debe dirigirse a la página electrónica de la PGR, la cual, además de concentrar información de la misma PGR y de otras fiscalías, “no dirige al ciudadano a la búsqueda de la información de la Fepade, ni instruye sobre la realización de solicitudes de información (ni que éstas se tendrían que dirigir a la PGR)”.

Por ello sugiere, “como ideal, que pusiera a disposición del público su propio portal de transparencia”, además de dar acceso a los casos que ya han sido resueltos.

 
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