Para unos es inflacionario y para otros “sentencia de muerte”
Rechazo generalizado al aumento a gasolina y diesel
Prácticamente unánime fue el rechazo a la intención de incrementar el precio de las gasolinas, como parte de la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El obvio efecto inflacionario que traería esa medida y su afectación a la economía de las clases populares representaría “sentenciar a muerte al campo”, vaticinaron productores agrícolas.
Quizá por el cálculo de cuánto podría representar un aumento de esta naturaleza en las arcas estatales, los gobernadores no se atrevieron a condenarlo. El priísta José Reyes Baeza, de Chihuahua, se manifestó en favor, aun reconociendo que traería consigo una escalada de precios y un alto costo político. “Todo aquello que le dé recursos a los estados y municipios es bueno, siempre y cuando no vaya aplicado a engordar el gasto corriente, sino a mejorar e incrementar la infraestructura”, justificó.
A su vez, el panista Marco Antonio Adame, de Morelos, pidió revisar las repercusiones que traería ese aumento y se pronunció por evitar que a mediante la reforma fiscal se siga dependiendo “en alta medida” de los recursos energéticos, “porque eso repercute en toda la cadena económica del país”.
Por su parte, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó el incremento porque, dijo, además de ser un impuesto inflacionario constituye “una maniobra para que los estados paguen el costo político”. Descartó cualquier negociación en la materia y adelantó que los legisladores perredistas votarán en contra. Esta resolución, indicó, fue tomada “junto con nuestros gobernadores, excepto con Jaime Sabines (de Chiapas), por haber sido candidato externo”.
Entre las voces de rechazo también estuvo la de Patricia Mercado, ex candidata presidencial del partido Alternativa. Es una medida, dijo, con la cual el costo económico se carga en las espaldas de las clases medias del país.
Los empresarios opinaron en el mismo sentido. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), por medio de su vicepresidente, Víctor Manuel Bolaños, declaró que elevar 5.5 por ciento la gasolina afectará directamente a las clases más vulnerables, las cuales tendrían que pagar el costo, no en el pago directo del combustible, sino en la escalada de alzas que ello provocaría.
Lamentó que México, a pesar de ser productor de petróleo, importe alrededor de 40 por ciento de la gasolina que se consume. “Eso habla de que no existe una política en materia de energéticos, pero tampoco en lo industrial, pues reactivando las cadenas productivas el gobierno tendría más entradas, porque las fábricas estarían contribuyendo al crecimiento económico”, aseveró. Añadió que tan sólo el sexenio pasado hubo excedentes superiores a los 55 mil millones de pesos por la venta de petróleo, recursos que cubrirían el costo de hasta cuatro refinerías.
Por lo que hace al campo, la medida anunciada profundizará el desempleo, elevaría los costos de producción y habría una burbuja inflacionaria, consideraron varias agrupaciones agrícolas.
Dirigentes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), Congreso Agrario Permanente (CAP) y representantes de productores de granos básicos, puntualizaron que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), y quienes los respalden, sólo protegen sus intereses y no miden las consecuencias sociales.
Crecencio Morales, de El Barzón Popular e integrante del Conorp, asentó que aprobar dicho aumento será “una traición al pueblo”. Añadió: “Es claro que lo que están negociando en la Cámara de Diputados son prebendas y canonjías políticas con miras a 2009 y 2012”.
A su vez, José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp-Conorp) dijo: “Es una salida falsa y un error”. Resaltó que la mitad del costo de los productos agropecuarios es por el transporte.
Con esa propuesta “matarán al campo y será la puntilla para pequeños y medianos productores”, abundó Miguel Luna Hernández, de la Coalición de Organizaciones Democráticas y Urbanas (Coduc-Conorp).
Por su parte, José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA-Conoc), asentó que el alza a las gasolinas será un impuesto recesivo. “Es un IVA disfrazado”.
Sin embargo, para el coordinador del CAP, Gerardo Sánchez, el efecto no será mortal, porque “las gasolinas ya tienen un incremento mensual”, y habrá que exigir que de la recaudación total una parte sustancial sea para el sector rural.
A contrapelo de la opinión anterior, Federico Ovalle Vaquera, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, aseguró que la propuesta del PAN es “un acto terrorista” contra los campesinos.
En el sector obrero se opinó que el alza planteada generará una escalada de precios de productos básicos, y por tanto socavará aún más la difícil situación de los trabajadores.
Consideraron lo anterior agrupaciones pertenecientes al Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de Trabajadores, las que manifestaron la necesidad de ejercer medidas de repudio más contundentes que marchas o mítines, pues éstas hasta el momento no han tenido los efectos esperados de frenar las políticas económicas del gobierno.