El caso Muñoz Leos, rumbo al archivo en PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) encamina al “archivo” el expediente de la investigación que elaboró la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra Raúl Muñoz Leos y de Juan Carlos Soriano Rosas, ex director y ex abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que no se han encontrado elementos jurídicos que tipifiquen alguna conducta penal en su contra, revelaron fuentes gubernamentales.
A su vez, el abogado José Elías Romero Apis, defensor de Muños Leos, informó a La Jornada que en breve impugnará en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) la multa e inhabilitación que aplicó la SFP al ex director.
“Impugnaremos la determinación de la SFP mediante un juicio contencioso administrativo que se tramita en el TFJFA; estamos ciertos que lo vamos a ganar porque hay por lo menos 35 irregularidades en este caso”, indicó el litigante.
De acuerdo con la investigación de la SFP, Muñoz Leos y Soriano Rosas son responsables de haber entregado de manera directa y sin autorización del consejo de administración de la paraestatal mil 724 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2004.
El director de Pemex durante el sexenio de Vicente Fox fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, además de ser multado con 862 millones 259 mil 470.60 pesos.
Autoridades de la PGR consultadas revelaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación que analizan el expediente turnado por la SFP no han hallado indicios de prueba que obliguen a la autoridad ministerial a iniciar una averiguación previa en la que se dé la calidad de indiciados a Muñoz Leos y a Soriano Rosas.
“No hay un solo elemento jurídico que tipifique alguna conducta penal prevista y sancionada por el Código Penal Federal; todo parece indicar que (los ex funcionarios) tendrán que enfrentar únicamente a las sanciones que les impuso la autoridad administrativa”, indicó un alto funcionario de PGR.
De su lado, el penalista Romero Apis señaló a este diario que también tiene versiones de “funcionarios de la PGR”, respecto a que el expediente que la SFP le turnó al Ministerio Público Federal (MPF) terminará en el archivo.
Agregó que no puede haber conducta penal porque cualquier director general de Pemex está facultado legalmente para pactar convenios, movimientos o pagos al sindicato petrolero, aun sin contar con el aval del consejo de administración de la paraestatal, según tesis emitidas por tribunales federales y en acuerdos de anteriores integrantes del citado consejo.
Refirió que en la investigación de la SFP “hay una serie de irregularidades que van desde el ámbito constitucional hasta el legal reglamentario”.
Según el penalista, existe sustento legal para que los directores generales de Pemex no requieran el aval de su consejo de administración para pactar con la parte sindical; refirió que esto fue lo que permitió que Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM, y Rogelio Montemayor, otro ex titular de la dependencia, fueran exonerados hace un año de cualquier responsabilidad penal en el caso conocido como Pemexgate.