Los partidos sólo podrán utilizar los del Estado
Prohibirán comprar tiempo para propaganda electrónica
La medida incluye a empresas y funcionarios públicos
Las fuerzas políticas del país están de acuerdo en prohibir por completo la compra de espacios en medios electrónicos para propaganda electoral, y en crear un nuevo marco jurídico que permita a institutos y candidatos promocionarse en época de elecciones en radio y televisión exclusivamente mediante el uso de los llamados tiempos oficiales del Estado.
La intención es que “ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes ni de las campañas y sus resultados, ni de la vida política nacional”, se advierte en el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral que se dio a conocer ayer.
Al reanudarse las negociaciones en el Senado, las comisiones dictaminadoras se declararon en sesión permanente en espera de que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo sobre el único punto pendiente de la reforma: la remoción de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
Anoche seguían los jaloneos entre los coordinadores de PAN, PRI y PRD en ambas cámaras, aunque por la tarde el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, el priísta Jesús Murillo Karam, advirtió que su partido va por la cabeza del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.
El también secretario general del PRI explicó que esa postura es inamovible, a partir de que Ugalde sostuvo que dos partidos, entre ellos el tricolor, “le importan un cacahuate”, y por la defensa “impresionante que han hecho de los consejeros” algunos integrantes del PAN.
Agregó que algunos de los actuales consejeros “ya se salvaron”, pero no quien descalificó a dos de los contendientes. Anoche las negociaciones se centraron en cuántos integrantes del Consejo General serán removidos. Algunos negociadores revelaron que el PAN acepta a la salida de tres, pero durante una reunión interna el coordinador Santiago Creel dijo que no cederán a presiones de los opositores.
En todos los demás puntos prácticamente hay consenso, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Pedro Joaquín Coldwell, durante la reunión en que se dio a conocer el proyecto de dictamen.
La reforma disminuye 50 por ciento el financiamiento público a los partidos en época de elecciones de presidente y Congreso, y 75 por ciento para los comicios intermedios, cuando se renueva la Cámara de Diputados. Además, se determina un nuevo mecanismo para el cálculo del financiamiento público para que los recursos destinados no se incrementen, como sucede ahora, con la llegada de nuevos partidos.
En lo que sí dieron marcha atrás fue en la propuesta original de modificar la fórmula para la distribución de recursos, que consistía en que cada partido recibiría el financiamiento con base en su fuerza real, es decir, en los votos obtenidos. Se impuso la protesta de los partidos pequeños y el proyecto de dictamen mantiene la fórmula de distruibuir 70 por ciento de recursos según la fuerza de cada partido y 30 por ciento entre todos de manera equitativa.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, leyó los cambios consensuados acerca del acceso de los partidos a los medios de comunicación. Se trata de una de las reformas “más profundas y de trascendencia” que se han hecho en México en la materia, resaltó.
En la exposición de motivos se señala que la intención es “poner un alto total” a las negativas tendencias observadas en el uso de la radio y la televisión con fines político-electorales.
Golpe a los poderes fácticos
“Es convicción de los legisladores que integramos estas comisiones que ha llegado el momento de abrir paso a un nuevo modelo de comunicación social entre los partidos y la sociedad, con bases diferentes, con propósitos distintos, de forma tal que ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y sus resultados, ni de la vida política nacional.”
De acuerdo con las tendencias mundiales, la política y la competencia electoral han quedado sujetas no sólo a modelos que les son ajenas, “sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o los concesionarios de canales de televisión y estaciones de radio o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación”, lo que deriva en “un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional”.
Se destaca que desde 1997 se ha observado en México una tendencia creciente a que los partidos destinen proporciones cada vez mayores de los recursos que reciben del Estado para la compra de tiempo en radio y televisión. Esta situación alcanzó “un punto extremo” en la campaña presidencial de 2006, en la que, según datos del IFE, las fuerzas políticas gastaron más de 60 por ciento de su presupuesto en el pago de propaganda.
A esto se suma otro hecho preocupante, la proliferación de propaganda negativa de corta duración –20 segundos– en los que “el mensaje adopta el patrón de publicidad mercantil” para atacar o denigrar a otros candidatos.
Para acabar con esto se propone reformar en su totalidad el artículo 41 constitucional para plasmar en la Carta Magna “la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo en radio y televisión” y “el acceso permanente” de las fuerzas políticas a los medios electrónicos “a través del tiempo que el Estado disponga”, que será asignado por el IFE como autoridad única para esos fines.
No se trata, se precisa, de pago de derechos o impuestos adicionales para los concesionarios. “La única salvedad es un tiempo adicional de tan sólo tres minutos diarios en las estaciones de radio y televisión, exclusivamente durante las campañas electorales”. De acuerdo con el proyecto de dictamen, el IFE dispondrá de 51 minutos diarios, que podrán usar los partidos en horario de 6:30 a 11:30 horas.
También prohíbe a particulares contratar propaganda electoral e impide a funcionarios de los tres niveles de gobierno que se promocionen en época de elecciones o usen el cargo para impulsar ambiciones personales.