En noviembre senadores comenzarán a discutir el tema
Coinciden PRI, PAN y PRD en la necesidad de una reforma penal
Senadores del PRI, PAN y PRD advirtieron que es necesario reformar el sistema penal y de seguridad pública para superar las lagunas existentes en la prevención y sanción de delitos.
Por ejemplo, citó el coordinador de la bancada panista, Santiago Creel, la carencia de facultades de la autoridad aduanera para prevenir e investigar el contrabando, pese a que le corresponde autorizar el ingreso de mercancías al país.
En tanto, el perredista Carlos Navarrete manifestó que la situación que priva en México derivada de la inseguridad pública y la delincuencia organizada es en extremo delicada y representa un desafío para la marcha económica y política de la nación.
A su vez, el priísta Pedro Joaquín Coldwell externó su preocupación por la posible presencia militar extranjera en la frontera de México con Estados Unidos, y llamó al Ejecutivo a informar sobre los acuerdos a que llegue con otros gobiernos, y a que se corresponsabilice en la lucha contra el narcotráfico.
Los legisladores, durante su participación en el foro Seguridad en democracia, organizado por el grupo promotor que forman, entre otros, Diego Valadez, el obispo Carlos Aguiar Retes, Manuel Camacho Solís y Alfredo Achar, se comprometieron a iniciar el análisis de las reformas al sistema penal a más tardar en noviembre, una vez aprobadas las relativas a los temas fiscal y electoral.
Creel afirmó que cualquier propuesta para combatir la inseguridad debe ser integral y contener, en primera instancia, una asignación clara de atribuciones y responsabilidades, junto con la transparencia y la rendición de cuentas.
Indicó que el actual sistema “genera confusión”, porque da lugar a la dispersión de esfuerzos, de recursos y de atribuciones. Citó el caso de las aduanas y de la autoridad migratoria, “que no participan en el combate al tráfico de personas”, y del sistema de inteligencia civil, “que tiene a su cargo preservar la seguridad del Estado mexicano, pero no guarda vínculos formales de operación con las instituciones de prevención y persecución del delito”.
También se refirió al caso del secretario ejecutivo del gabinete de seguridad nacional, Roberto Campa Cifrián, quien, dijo, “es responsable de coordinar y dar seguimiento a la agenda de riesgos que enfrenta el Estado, pero no ejerce mando alguno sobre la fuerza pública”.
Carlos Navarrete, en su oportunidad, recordó que su partido ha propuesto dotar de autonomía a los agentes del Ministerio Público, adoptar un sistema penal acusatorio, en el cual tanto el inculpado como la víctima tengan equidad procesal, profesionalizar los cuerpos de seguridad pública e incorporar integralmente a la Constitución la materia de derechos humanos, entre otros puntos.
Sostuvo, en coincidencia con el priísta Joaquín Coldwell, que también se requiere “endurecer la regulación sobre el financiamiento de la política y la contratación de publicidad para prevenir y sancionar cualquier forma de asociación de las campañas electorales con el narcotráfico”.