Editorial
Succar: el pederasta solitario
En declaraciones a este diario, el abogado Wenceslao Cisneros Amaya informó de su decisión de renunciar a la defensa del presunto pederasta Jean Succar Kuri, a quien calificó de “pervertido sexual”, a raíz de un video grabado por el empresario de origen libanés con escenas de sexo explícito entre dos menores de edad. Al mismo tiempo, el litigante afirmó que la periodista Lydia Cacho “tenía razón” al señalar las desviaciones sexuales y las prácticas ilícitas de Succar Kuri. Al margen del retrato moral que el declarante traza de sí mismo con sus palabras, éstas constituyen un duro golpe, que pudiera resultar definitivo, a los intentos del empresario por mostrarse inocente de los delitos que se le imputan: todo apunta, en cambio, a la confirmación de su culpabilidad.
Sin embargo, los casos de abuso sexual infantil por los que es acusado Succar Kuri son sólo una vertiente de la red de corrupción y complicidades que destapó Lydia Cacho en Los demonios del Edén: detrás de las deplorables prácticas pedófilas del empresario se encuentra una vasta red de prostitución y pornografía infantil que involucra a diversas personalidades de los círculos políticos y empresariales del país. A este respecto, cabe recordar las declaraciones de la fiscal especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), Alicia Elena Pérez Duarte, quien en marzo del año pasado aseguró que Succar Kuri es la cabeza de una red de pederastia, turismo sexual y trata de mujeres que opera en Baja California, estado de México, Distrito Federal, Puebla, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.
Es claro que para que una red como la descrita pueda operar se requiere de la protección de funcionarios enquistados en altas esferas del poder público. De ser cierta la afirmación de la fiscal especial Pérez Duarte, no puede explicarse cómo esa cadena de complicidades no ha sido desenmascarada y cómo el curso de las indagaciones actuales en torno al caso no esté orientado en ese sentido. Ante este panorama, es inevitable sospechar que la autoridad busca crear la impresión de que todo empieza y termina con Succar Kuri y que lo que se pretende es reducir el caso al proceso que enfrenta el empresario de origen libanés, acaso con la intención de encubrir a funcionarios o bien a otros empresarios que pudieran resultar involucrados.
Con la publicación de Los demonios del Edén, Lydia Cacho señaló concretamente a varios de los involucrados en las operaciones de la referida red de pederastia y aportó elementos claros con respecto a su funcionamiento. Resulta entonces inverosímil que tales elementos no hayan sido tomados en cuenta en las investigaciones de la PGR y que no se tengan noticias nuevas al respecto desde la aparición del libro. Habrá que mencionar que, aparte del proceso contra Succar Kuri, el único suceso que derivó de las denuncias de Cacho fue el develamiento de la corrupción e impunidad que lacera los mecanismos de impartición de justicia en el país, que se puso de manifiesto con el episodio de las conversaciones entre el llamado rey de la mezclilla, Kamel Nacif, y varios de los personajes de la política estatal de Puebla, entre ellos el gobernador de la entidad, Mario Marín.
Es inaceptable que, ante los indicios documentales de una estructura de explotación sexual infantil cuya operación sólo puede explicarse por el amparo de representantes del poder público, las autoridades limiten su labor al enjuiciamiento de un solo culpable.