La cuerda
La grave crisis política en que se halla México como resultado de la imposición fraudulenta del panista Felipe Calderón en la silla presidencial en 2006, se ha agravado nueve meses después por el fracaso completo de la gestión del gobierno de facto calderonista, que está llevando al país a un mayor empobrecimiento y desempleo y a una más extrema dependencia del exterior, y ante el desastre de su gestión, el equipo de Los Pinos aparece ahora dispuesto a cualquier iniciativa con tal de alcanzar dos objetivos que cree posibles: obtener los recursos que necesita y alcanzar así una cierta “legitimidad”, pero está teniendo una oposición desde su interior.
1. La “reforma del Estado” que se anunció pomposamente en febrero, se está quedando en consecuencia en septiembre como una reformita electoral más, en la que la mafia política panista-salinista en el poder no está aceptando que el país se democratice, sino buscando que el régimen consolide su dominación y al mismo tiempo alcance un mínimo de esa anhelada “legitimidad”.
2. La remoción del indeseable Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), que fue uno de los artífices del fraude y de sus cómplices, ha suscitado una polémica dentro del grupo calderonista que no puede ocultar la gravedad de la crisis.
3. La derecha mexicana en el poder está dividida en torno a la remoción de los integrantes del Consejo General del IFE, que ante la historia mexicana han pasado ya como actores fundamentales del fraude electoral de 2006, pues mientras un sector de la misma entiende que su presencia en el cargo perjudica al gobierno de facto de Calderón, pues no tienen credibilidad alguna al ser un lastre, otro entiende que su salida implicaría el reconocimiento de su papel en el fraude.
4. El sector negociador del grupo gobernante entiende por un lado que Ugalde y el resto de los consejeros impuestos tras aquel acuerdo entre el gobierno foxista y Elba Esther Gordillo llevado a cabo en casa de Salinas, son personajes irrelevantes que a pesar de haber estado excepcionalmente remunerados no supieron encubrir su actuación ilegal y los turbios servicios que le prestaron al PAN y al régimen, y que su salida le permitiría al gobierno espurio intentar levantar al IFE del desprestigio en el que se halla y tratar por otra vía de legitimar al gobierno de facto al desligarse de la Gordillo y acercarse a las corrientes derechistas del PRD, al mismo tiempo que negociar medidas fiscales con el PRI ante su desesperante carencia de recursos: salir, en una palabra, de la crisis.
5. En una de las reglas “no escritas” de las mafias criminales –y la que ejerce el poder político en México en nombre de turbios intereses económicos es ejemplo de ello–, quienes ejecutan las órdenes de arriba son fácilmente prescindibles, mucho más si se trata de personajes oscuros como los funcionarios del IFE, y por ello no debe extrañar lo que acontece. El propio Calderón es también prescindible para los mafiosos que mandan en el país, mucho más ante el desastre de su gobierno, y él lo sabe, de ahí que la cuerda se rompa ahora por lo más delgado.
6. Los sectores más obtusos y torpes de la extrema derecha en el poder creen por el contrario que la salida de Ugalde y sus cómplices del IFE supone una confesión del fraude de parte del gobierno de facto y que éste no debe ceder en nada, por lo que están orquestando una vasta campaña mediática de desinformación. Los dirigentes de grupos empresariales, como el presidente de Coparmex, que envía airados mensajes, los periodistas que impulsaron el fraude y ahora lo niegan y los académicos y escritores que sumidos en la histeria publicaron un desplegado en múltiples periódicos oponiéndose a la remoción (Milenio Diario, 5 de septiembre), pretenden creerse sus propias encuestas y no darse cuenta de la realidad.
7. El marco legal en que se llevarán a cabo las elecciones legislativas de 2009 y las presidenciales y legislativas de 2012 no va a ser mejor que los del pasado, a pesar de que se logre la salida de los corruptos consejeros del IFE y se propicie la renovación del órgano encargado de organizar y vigilar los procesos electorales, pues sus insignificantes logros serán letra muerta, ya que no hay voluntad democrática en la mafia en el poder.
8. Las campañas negras serán prohibidas, por ejemplo, en la letra de la nueva legislación, pero éstas han seguido todos estos meses, como se comprueba al escuchar todos los días las informaciones en las principales radiodifusoras o ver los espacios noticiosos de Televisa y Televisión Azteca, en los que de manera sistemática se pretende engañar y desorientar a los mexicanos.
9. La reforma electoral que se discute no atiende, por otra parte, a otras cuestiones fundamentales: no somete al Ejecutivo a la legalidad constitucional, prohibiéndole expresamente violentar las libertades electorales del pueblo y abriendo la posibilidad de destituirlo por ello, no establece amplios mecanismos de participación democrática, no reconoce plenamente los derechos de los ciudadanos en los procesos, no prohíbe el financiamiento privado de partidos y campañas, no sanciona con precisión los delitos electorales ni establece causales claras para anular las elecciones, deja intocado y en extrema discrecionalidad al tribunal electoral, que ha sido y es un instrumento de la derecha panista.
10. La vía electoral seguirá abierta para el pueblo, pero siempre y cuando éste sea capaz, a pesar del marco jurídico existente, de resistirse a las presiones ilegales y defender su voto, impidiendo por todos los medios las manipulaciones y las imposiciones de una mafia que ha confiscado en su beneficio los derechos de todos.