Una reforma a modo de los partidos
Hay que reconocer el importante acuerdo al que llegaron el pasado jueves los senadores integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Radio y Televisión, para establecer por fin en México, sobre bases diferentes, un modelo nuevo de comunicación social entre los partidos y la sociedad, con el inobjetable propósito de que ni el dinero ni el poder de los medios, en particular la radio y la televisión, sigan siendo factores determinantes de la vida política nacional, sobre todo durante las campañas electorales.
No hay que olvidar, en efecto, que según datos del Instituto Federal Electoral (IFE), en los comicios del año pasado los partidos gastaron 65 por ciento de su presupuesto, en su mayor parte proveniente del erario, únicamente en televisión; 20 por ciento en radio; 14 por ciento en espectaculares, y sólo uno por ciento en Internet y prensa escrita. Todo lo cual constituye un escándalo.
Precisamente por esto no se debe admitir la fórmula de cálculo del financiamiento público, incluso ordinario, destinado a los partidos y propuesta por la iniciativa, pues al tomar como una de sus bases el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral –que se calcula aumenta cada año en 5 por ciento, y no por ejemplo las listas nominales, que en todo caso son las que mejor reflejan el número real de votantes–, no se disminuye el gasto multimillonario que todavía nos cuestan los partidos, ya que ello sólo representaría para el año 2012 un ahorro de alrededor de 10 por ciento del gasto destinado este año a ese rubro, con los parámetros actuales.
Tampoco puede, por ello, aceptarse que con la reforma se pretenda ahora crear una contraloría autónoma, aunque sea nombrada por el Legislativo, para fiscalizar la actuación del órgano electoral, y con facultades limitadas a realizar simplemente auditorías y hacer observaciones generales sobre las finanzas de los partidos, aunque esté inserta al interior del IFE. Además de constituir un foco permanente de tensión en su funcionamiento, con ello se estaría vulnerando gravemente la autonomía del órgano electoral, así como el carácter ciudadano de la vigilancia en el ejercicio de sus recursos.
No debemos, en efecto, tampoco olvidar que por norma de los colegios de contadores las auditorías se hacen únicamente sobre el 20 por ciento de lo auditado, muestreando rubros y reduciendo con ello el alcance de sus observaciones y el rigor de las sanciones. Todo lo cual hace suponer que los partidos de nueva cuenta han querido aprovechar la reforma en función exclusivamente de sus intereses, y no en cambio en forma prioritaria del ejercicio de los derechos inalienables de la ciudadanía.
Como prueba de ello, no se encuentra en la iniciativa ninguna consideración para hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos, como lo propuso el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral; ni se reconoce su interés legítimo para inconformarse en materia de elecciones. Tampoco se prevén mecanismos para que impugne los actos de los partidos. Sin tomar en cuenta sus demandas y la experiencia de 2006, no se hace tampoco mención alguna del tema del recuento de votos en caso de elecciones competidas. Se cierra también definitivamente la puerta a las candidaturas independientes, al incluir en el texto constitucional la prohibición expresa para ello. Lo cual contraviene tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país, y por el contrario compromete por adelantado la respuesta al reclamo de la ciudadanía de otorgarles rango constitucional.
Otro de los grandes temas ausentes, que una vez más denota el alejamiento de los partidos de las legítimas demandas de la ciudadanía, es justamente la ciudadanización del proceso de elección de los consejeros electorales del IFE, más importante aún que los nombres de los consejeros actuales que se quedan o tienen que irse; así como el de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
Hay que reconocer, sin embargo, la inclusión de la obligación constitucional que se propone, para que los partidos se abstengan de utilizar en la propaganda política o electoral expresiones denigrantes contra las instituciones o ellos mismos, o que calumnien a las personas, así como la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la conclusión de las jornadas comiciales.
Sin embargo, aunque se reconoce que se faculta expresamente al IFE para ordenar la suspensión inmediata de las transmisiones en radio y televisión que violen la ley, la ciudadanía aún espera que en la discusión de este dictamen en el pleno del Congreso se establezcan sanciones fuertes, incluso penales, contra aquellos actores, distintos de los partidos, que contraten en el país o en el extranjero mensajes con los que pretendan influir en las preferencias de los electores, y los difundan en México.
Es igualmente fundamental que en el texto constitucional se incluya la obligación de que los partidos sean sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.