El separatista grupo Nación Camba pretende cerrar la Constituyente, acusa La Paz

Denuncian en Bolivia plan para derrocar al presidente Evo Morales

Los derechistas distribuyen panfletos en los que llaman a derribar al gobierno, afirma el mandatario

La derecha, dispuesta a utilizar cualquier medio para impedir que el proceso continúe: García Linera

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 7 de septiembre. El vicepresidente Alvaro García Linera denunció que en Bolivia la derecha contrarrevolucionaria, “racista, separatista, violenta y antidemocrática” está dispuesta a utilizar “cualquier medio” para impedir la continuidad del proceso de cambio iniciado por el gobierno del presidente Evo Morales, y cerrar la Asamblea Constituyente como gran escenario de acuerdo y de consenso.

“Si alguien le hace daño a la Constituyente, este proceso continuará en los marcos legales”, advirtió García Linera, un día después de choques entre policías y universitarios de la provincia de Chuquisaca, apoyados por jóvenes de una organización derechista de Santa Cruz, que pretendían tomar la sede de la Asamblea en protesta por la supresión del tema de la capitalidad plena en los debates.

Tras los incidentes, la Constituyente decidió suspender por un mes sus sesiones para devolver la paz a Sucre, que los asambleístas y el gobierno de Evo Morales consideran insegura por ahora.

“Se suspenden un mes las deliberaciones de la Asamblea Constituyente” hasta que “haya más paz y tranquilidad en Sucre, porque no podemos sesionar en otra parte, ya que nuestros actos serían ilegales”, afirmó el tercer secretario del órgano, Ángel Villacorta.

García Linera dijo que “pase lo que pase continuaremos con el proceso de cambio de la sociedad boliviana; la gente votó mayoritariamente por eso” y ahora se necesita dar un salto hacia adelante en términos de profundización de las medidas de transformación.

“Este proceso de cambio ha sido bastante tolerante, bastante flexible para recoger iniciativas, recoger sugerencias para dialogar, convocar una y otra y otra vez a los sectores de derecha”, apuntó, pero señaló que en un nuevo escenario “ya no seremos nosotros los que vayamos a tocar las puertas de la derecha para que venga a dialogar, tendrá que ser la derecha la que venga a tocar nuestras puertas para que aceptemos dialogar”.

La noche del miércoles, Morales dio a conocer que el movimiento político derechista al que derrotó en las urnas en 2006 distribuyó panfletos en los que llama a derrocar al mandatario.

Este viernes, el vocero presidencial Alex Contreras informó que los servicios de seguridad del Estado boliviano investigan un presunto plan de la Nación Camba –radical movimiento autonomista cruceño– para derrocar al gobierno de Morales, hacer fracasar la Asamblea Constituyente y designar en la presidencia a un indígena dócil a sus designios, el alcalde de Potosí, René Joaquino.

Medios de comunicación del gobierno –la televisora Canal 7, radio Patria Nueva y la Agencia Boliviana de Información– difundieron detalles del llamado “Plan para tumbar al indio de mierda”.

Además de buscar el fracaso de la Constituyente y la designación de Joaquino, el plan apunta a crear un conflicto regional entre los departamentos de Oruro y Potosí por el control de la estatal Corporación Minera de Bolivia. Añade que “cuando la presión sea intolerable, el gobierno caerá por gravedad. Pero se debe enfatizar que la renuncia sea total; no queremos al vicepresidente. El gobierno debe quedar en el Senado”.

Otro paso sería convocar a nuevas elecciones generales que facilitarían el ascenso de Joaquino.

Mientras, por segunda vez el Comité Interinstitucional de Chuquisaca (CICH) rechazó la convocatoria del gobierno nacional a dialogar con el Comité de Emergencia de La Paz (CELP), ahora en Potosí, para buscar soluciones a la demanda de capitalidad plena para Sucre (traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a la capital del país), que tiene paralizada a la Constituyente desde que el 15 de agosto excluyó de su agenda la discusión de ese tema.

Sin embargo, al diálogo en Potosí acudieron el CELP y grupos sociales y cívicos chuquisaqueños como la agrupación de mujeres indígenas Bartolina Sisa, asociaciones gremiales y la Federación de Campesinos Originarios de Chuquisaca, cuyo líder, Damián Condori, criticó la falta de disposición al diálogo del CICH.

Rechazo del diálogo

La representación de Chuquisaca tiene “como único afán” hacer fracasar la Asamblea Constituyente y tomó la decisión de rechazar el diálogo en Potosí sin consultar a las organizaciones sociales, agregó Condori.

Comentó a la red radiofónica Erbol que los sectores que quieren que la Asamblea avance proponen de que el Poder Legislativo unicamaral que saldría de la Constituyente, así como la Corte Nacional Electoral, la administración caminera, el Ministerio de Justicia y “las nuevas instituciones que se creen”, se instalen en Sucre.

Al respecto, el secretario de la prefectura de La Paz, Alejandro Zapata, señaló que el Ejecutivo y el Legislativo “son indivisibles”.

Condori ratificó que organizaciones campesinas e indígenas se movilizan hacia Sucre para realizar una cumbre social el próximo lunes a efecto de definir la estrategia para defender la continuidad de la Constituyente.

También el día 10, integrantes de seis comités cívicos, que conformaron en días pasados la autodenominada Junta Democrática, iniciarán una huelga de hambre que, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, exigirán al presidente Morales que “reflexione” sobre lo que está en sus manos.

Como “jefe del Movimiento al Socialismo y de los movimientos sociales”, debe dar instrucciones para solucionar el problema de la reintegración de la capitalidad a las discusiones de la Constituyente, dijo Marinkovic, un latifundista de origen croata que según el gobierno despojó ilegalmente a indígenas guarayos de 12 mil hectáreas de territorio, que incluyen una laguna, ahora cercada.

Al margen de esa situación, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Jerges Mercado, y el viceministro de la Vivienda, Marcelo Zurita, anunciaron hoy su renuncia al gabinete presidencial.

El viceministro había sido acusado por el gerente de la mutual de vivienda Guapay de haber aceptado el pago de viajes, hospedaje y viáticos para él y sus familiares a cambio de beneficiar a la empresa dentro de los programas gubernamentales de vivienda.

Jerges Mercado era el único ministro oriundo de Santa Cruz.