Exige el clero aprobar plan que beneficie a pobres
En el contexto del debate de la reforma fiscal, los obispos católicos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social llamaron al Congreso de la Unión a actuar por encima de las diferencias y que tomen las mejores decisiones que favorezcan especialmente a los más pobres, debido a que “es evidente que se requiere revisar de fondo el paradigma de incorporación en la economía global, adoptado en los pasados 20 años.
“Ahora constatamos que México, como la mayoría de países de nuestro continente, se mueve en una estructura económica mundial que genera pobreza, exclusión social y acumulación de capital en pocas manos”, expuso la representación católica en su documento La reforma fiscal, una contribución desde la perspectiva ética.
Acentuaron que “es necesario iniciar una amplia reflexión nacional para diseñar en nuevo pacto económico, social y político entre los mexicanos, para superar las limitaciones actuales”.
Los recursos naturales como patrimonio común de la nación –agregaron– se deben emplear de manera prudente en beneficio de la actual y las futuras generaciones de mexicanos.
Destacaron que si se quiere un Estado que no abdique de su responsabilidad social, es necesario planear soluciones de fondo a la crisis fiscal.
Los prelados, encabezados por el obispo auxiliar de Monterrey, Gustavo Rodríguez Vera, consideran que no solamente es importante que la legislación y su operación para la reforma fiscal sea adecuada, sino que enfrente el reto de sustentar un desarrollo social que cohesione al país, cierre las brechas de la desigualdad, integre a todos sus habitantes a la economía nacional y fomente en todos su sentido de pertenencia a la nación.
En la operación de la política fiscal –expusieron– se deberán mejorar todos los órganos vinculados con ella; tener un respeto estricto a los presupuestos aprobados; que todas las dependencias de gobierno federal y de los estados se obliguen con la ciudadanía a ejercer los presupuestos de manera puntual, oportuna, transparente y completa, así como evitar su uso con fines electorales o partidistas, y aplicar una política permanente de austeridad, especialmente en los más altos cargos públicos.
“Nos parece indispensable que en la elaboración y aprobación de las reformas se considere la obligación legal del gobierno de apoyar económicamente, y en forma suficiente y transparente, las actividades que realizan las iglesias y muchas organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas de promoción o de asistencia”, precisan.