Usted está aquí: martes 11 de septiembre de 2007 Política PRD y PRI demandan a funcionarios foxistas por anomalías millonarias

La ASF detecta irregularidades en los principales programas del gobierno anterior

PRD y PRI demandan a funcionarios foxistas por anomalías millonarias

Legisladores calculan que el daño al erario es superior a 500 millones de dólares

Alfredo Méndez

Ampliar la imagen Legisladores de PRD y PRI informaron que en caso de las autoridades determinen que hay probable responsabilidad penal, exigirán que se cite a declarar a Vicente Fox Legisladores de PRD y PRI informaron que en caso de las autoridades determinen que hay probable responsabilidad penal, exigirán que se cite a declarar a Vicente Fox Foto: María Luisa Severiano

Senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron este lunes cinco denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR) contra los funcionarios de la administración foxista que resulten responsables de millonarias irregularidades detectas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el programa Enciclomedia, la Biblioteca José Vasconcelos, el Seguro Popular y en el rescate de los ingenios azucareros expropiados en 2003.

También la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió ayer un documento de los legisladores mediante el cual exigen a las autoridades administrativas que realicen las auditorías respectivas y se fijen las sanciones correspondientes.

Quienes firmaron las denuncias son los legisladores priístas Lilia Merodio, Raúl Cervantes, Beatriz Pagés, Jesús Ramírez y Carlos Rojas, así como los perredistas Antonio Ortega, Pablo Trejo y Alfonso Suárez del Real, entre otros.

Entrevistado tras la presentación de las cinco querellas en la PGR, el diputado Raúl Cervantes aseguró que “mínimo estamos hablando de un daño patrimonial por 500 millones de dólares en los cinco asuntos, pues tan sólo el problema de los ingenios implica irregularidades por 3 mil 500 millones de pesos”.

De su lado, el diputado Antonio Ortega adelantó que la próxima semana se dará a conocer el estado que guardan los 35 casos más relevantes, en los que la ASF detectó diversas irregularidades.

Los legisladores explicaron que respecto del programa Enciclomedia se documentaron desvíos por un monto superior a los mil 626 millones de pesos, pues de los 2 mil 105 millones autorizados a ese rubro, apenas se aplicaron 478.

Según la denuncia, el resto del presupuesto terminó en “gastos administrativos no prioritarios” y a la terminación de las obras de la megabiblioteca, en la que se detectaron “pagos en exceso” por 19.5 millones de pesos.

El caso de la Terminal 2 del AICM incluye diversas irregularidades técnicas y legales imputables a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con perjuicios económicos aún incuantificables.

Respecto del Seguro Popular, la ASF detectó gastos sin comprobar por 2 millones 102 mil pesos, así como el incumplimiento del programa, que en 2010 dejará sin cobertura a poco más de 2 millones de familias.

El legislador Jesús Ramírez aseguró que “estas denuncias señalan varias irregularidades administrativas claramente marcadas por la ASF; hoy la sociedad reclama el respeto a la utilización de los recursos públicos; al final de cuentas ni la megabiblioteca Vasconcelos, ni la Terminal 2 del AICM, ni el Seguro Popular, ni el programa Enciclomedia han resuelto los problemas del país”.

Según el diputado Raúl Cervantes, las cinco denuncias ayer mismo fueron ratificadas en todos sus términos y ahora corresponderá al Ministerio Público Federal dar inicio a la averiguación previa correspondiente para deslindar responsabilidades penales.

Dijo que en caso de que las autoridades ministeriales determinen que hay probable responsabilidad penal en alguno de esos cinco casos denunciados, exigirán que se cite a declarar a la PGR al ex presidente Vicente Fox.

Refirió que en las denuncias presentadas no se señaló como supuesto autor material de algún delito federal al ex presidente de la República, porque eso le compete determinarlo al Ministerio Pública. “Lo que sin duda podemos afirmar es que es responsable político de estas irregularidades que venimos a denunciar, pero la única que puede determinar su responsabilidad penal es la PGR”, puntualizó Cervantes.

 
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