Usted está aquí: jueves 13 de septiembre de 2007 Política La ASF pone candado a información de irregularidades en la cuenta pública 2005

Por lo pronto nos dejó atados de manos y con muchas sospechas: Antonio Ortega

La ASF pone candado a información de irregularidades en la cuenta pública 2005

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Con el aval de los diputados del Partido Acción Nacional, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, determinó reservar la información de las entidades y de funcionarios que en el quinto año de gobierno de Vicente Fox no solventaron las observaciones sobre irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto durante 2005, en el cual se detectaron anomalías por 26 mil 342 millones de pesos.

Además mantuvo en secreto los procedimientos de fincamiento de responsabilidades y promoción de denuncias penales, lo cual fue interpretado por diputados del PRD como una estrategia para ocultar los probables delitos cometidos por ex funcionarios públicos.

Ayer González de Aragón entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF un informe con el estado de las acciones que se iniciarán en 39 rubros del gasto público de 2005, pero lo hizo con la advertencia de que cualquier información que se difunda sobre su contenido constituiría una irregularidad que podría sancionarse.

Inconforme con esta decisión, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez, realizó una consulta a los abogados de la comisión y pidió una opinión a la Unidad de Evaluación y Control, que consideraron que la reserva de información prevista en el artículo 32 de la ley de fiscalización no se puede aplicar en el intercambio de información entre una autoridad y otra. “Por lo pronto, nos dejó atados de manos y con muchas sospechas”, afirmó.

Durante la reunión de la comisión, legisladores de Acción Nacional defendieron la reserva, pero Ortega Martínez persistió en su postura de que debía ser entregada una copia de los documentos a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, sobre todo porque por ley González de Aragón deberá entregar el informe definitivo el 15 de octubre, el cual ya no podrá ser considerado para su reserva.

En entrevista, el titular de la ASF informó de manera general que hasta el momento se han recuperado más de 2 mil millones de pesos, de los cuales sólo cuatro millones se deben a las irregularidades cometidas en la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, mil 900 millones del ramo 33, transferencias a estados y municipios, “y la diferencia son algunas cantidades menores”.

Asimismo, la Comisión de Vigilancia asumió dos acuerdos posteriores a la reunión con González de Aragón. Primero, instalar una comisión plural de diputados para revisar la propuesta de presupuesto de la ASF y de la Unidad de Evaluación y Control, y presentar una opinión a la Comisión de Presupuesto y a la Junta de Coordinación Política, para que se integre a la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

También se votó la inhabilitación por un año de seis directores y subdirectores de la ASF, por no presentar su declaración patrimonial de término de gestión, y de una funcionaria de la misma auditoría, con una amonestación privada por entregar fuera de tiempo su declaración de inicio de gestión.

También los legisladores resaltaron el hecho de que la Comisión de Hacienda aprobara reformas a la Constitución de diversas leyes para dotar de autonomía de gestión técnica, presupuestal y administrativa a las auditorías superiores de los estados, pues la mayoría de éstas se encuentran sujetas a los gobernadores.

Una de las principales reformas que se votarán este jueves en el pleno camaral es que la ASF podrá revisar cuentas públicas de años anteriores, con lo cual se rompe con la anualidad que limitaba la actuación de los auditores para indagar irregularidades cometidas a lo largo de un sexenio.

También se acortará a nueve meses la presentación de las cuentas públicas, con lo cual la Cámara de Diputados podrá condicionar el aumento al presupuesto de las entidades públicas a que éstas cumplan con sus metas programáticas y sus funcionarios no cometan irregularidades.

“Si las dependencias no cumplen sus programas, proyectos, o tienen un desempeño cuestionado en los números y por sus resultados, no podrán aspirar a que se les entregue un presupuesto al menos indexado a la inflación”, declaró Ortega.

 
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