Malversó $211 millones del fideicomiso Marcha hacia el Sur; la PGR ejerce acción contra él
Ex funcionario de SE, inhabilitado 20 años
El daño patrimonial equivale a 42.7% de los recursos federales destinados a dicho proyecto
Carlos Alejandro González Colsa, ex secretario técnico del fideicomiso público denominado Marcha hacia el Sur, de la Secretaría de Economía (SE), provocó un quebranto al erario por más de 211 millones de pesos, razón por la cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó 20 años para ejercer cargos públicos, y le impuso una multa de 179 millones 874 mil 441 pesos, además de que la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó este año acción penal en su contra.
Se trata de un fideicomiso creado en 2001, al inicio del sexenio foxista, con el propósito de beneficiar a zonas marginadas del país mediante recursos que apuntalen a pequeños y medianos empresarios en las regiones más pobres del sur del país. El daño patrimonial equivale a 42.7 por ciento de los recursos federales que se destinaron a dicho proyecto.
Documentos oficiales obtenidos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como datos contenidos en el primer Informe de gobierno de Felipe Calderón, revelan que el Órgano Interno de Control (OIC) de la SE detectó, en 2004, que buena parte de los recursos del programa Marcha hacia el Sur fueron administrados de manera indebida y fraudulenta por González Colsa.
La SFP y la PGR –mediante una “exhaustiva investigación de carácter financiero”– detectaron que el ex funcionario incurrió en irregularidades en la entrega de apoyos económicos otorgados a 66 empresas para la realización de igual número de proyectos de inversión, de los 392 que se financiaron por medio de Marcha hacia el Sur, entre marzo de 2001 y junio de 2006.
Según consta en el portal de Internet de la SE, dicho fideicomiso fue creado para promover proyectos de inversión entre las pequeñas y medianas empresas, a fin de impulsar la creación de empleos en los estados de la región sur-sureste del país.
El programa será liquidado en breve
A su vez, Raymundo Camacho Villa, actual secretario técnico del programa, dijo que éste quedará totalmente liquidado en breve.
“En todo 2006 ya no se dio ningún apoyo; estamos en proceso de liquidación del fideicomiso, analizando cómo terminaron las empresas a las que les dimos el apoyo, viendo cómo vamos a hacer el finiquito, cómo les vamos a regresar a estos empresarios los documentos que dejaron en garantía, liquidar todos los bienes que tiene el fideicomiso para entregarlos a la Federación y ya terminar con esto”, puntualizó Camacho Villa.
–¿Por qué terminan el fideicomiso? ¿Tuvo algo que ver el fraude que le imputan a uno de sus antecesores? –se le preguntó.
–El fideicomiso se inició en 2001, y el contrato establece que su creación es por seis años. La Secretaría de Economía y la de Hacienda ya no quisieron renovarlo.
Aunque Camacho Villa no rechazó la existencia de un fraude cometido por uno de sus tres antecesores, se negó rotundamente a proporcionar el nombre del mismo, argumentando cuestiones de “sigilo de las investigaciones”.
No obstante, por vía de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, mediante los oficios CI/132/07 y DG/311/449/07, expedidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, se pudo conocer que Carlos González Colsa fue destituido en 2004 del cargo de secretario técnico del fideicomiso.
Los documentos revelan que el inculpado realizó dos operaciones irregulares. Una por 89 millones 937 mil 220 pesos y otra por 126 millones 298 mil pesos. Después de realizar las auditorías respectivas, la SFP inició dos procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de González Colsa, que concluyeron con su inhabilitación por 20 años como servidor público y la multa de 179 millones 874 mil 441 pesos que está en proceso de ejecución.
Las evidencias detectadas por el ex titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, derivaron en una denuncia penal ante la PGR en 2006. Fue el actual procurador federal, Eduardo Medina Mora, quien determinó el ejercicio de la acción penal en contra del ex funcionario de la SE.
Por otro lado, el sexto Informe de gobierno de Vicente Fox refiere que para los 392 proyectos de inversión realizados durante su administración, mediante el fideicomiso, se destinaron 493 millones 717 mil 323 pesos, con el propósito de garantizar más de 116 mil empleos, capacitación e infraestructura en las empresas beneficiadas.
Ahora la PGR indica –según el primer Informe calderonista– que de estos recursos de inversión más de 211 millones fueron mal utilizados, con daño al erario.