Traslada ahora sus baterías al recinto de San Lázaro

Sigue embate de la CIRT en busca de contrarreforma

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Balbuceante, el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Enrique Pereda Gómez, careció de argumentos para hablar sobre el artículo de la reforma electoral mediante el cual –supuestamente– la Cámara de Senadores limitó la libertad de expresión.

Invitado por la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Verónica Velasco, del PVEM, quien tiene vínculos cercanos con Televisa y Tv Azteca, el representante de los concesionarios de los medios electrónicos se desesperó cuando los reporteros le señalaron que el verdadero interés de los empresarios es el dinero. Y reviró amenazante: “van por el hermano mayor primero, luego irán por ustedes”.

A Pereda Gómez, quien llegó acompañado del representante legal de Televisa, Javier Tejada, y del propietario de Radiorama, Rafael Borbón, se le rechazó una solicitud de reunión con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, que dictaminarán la minuta que les fue turnada ayer mismo.

La idea de presentarse en San Lázaro fue de la diputada Velasco, quien pretendía que la mayoría de las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara dieran marcha atrás y postergaran la aprobación de la minuta del Senado. Sin embargo, Pereda Gómez debió esperar –ignorado por la mayoría de los coordinadores parlamentarios– en la explanada principal del Palacio Legislativo.

Ahí fue abordado por un grupo de reporteros asignados a la cobertura informativa en la Cámara, en su mayoría de radio y televisión, quienes comedidamente le preguntaron el motivo de su visita.

No obstante, reporteros de medios escritos le recordaron que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas, ya había exigido a los empresarios respeto a las instituciones. El directivo de la CIRT respondió:

“Respetamos las instituciones y a nuestros gobernantes. Lo que sí estamos criticando es un dictamen de ley que puede afectar la libertad de expresión; no estamos criticando a nuestros legisladores. Que quede bien claro”, dijo al repetir el discurso construido por el secretario técnico de la CIRT, Andrés Massieu, ex colaborador cercano de Carlos Salinas de Gortari.

–¿Cómo afectará la reforma a la libertad de expresión, si los medios de comunicación electrónicos no le dan voz a todos los mexicanos? –se le cuestionó.

–Imagínense que ustedes van a criticar a un gobernador o a un candidato porque le saben algo –planteó–. No van a poder hacerlo porque hay una ley mordaza; en época de elecciones ustedes no podrán hacer ninguna declaración de ningún funcionario que está electo (sic) para un cargo popular. ¡Eso se llama coartar la libertad de expresión! ¡O no sé cómo le digan aquí, porque dicen ellos (los senadores) que no la están afectando!

–¿Eso se encuentra en el dictamen?

–¡Claro que sí, si lo quiere leer ahí está! –exclamó.

–¿En qué artículo está?

–En el artículo 41.

–¿Así, textual está?

–Así es, léalo. Por ahí lo tenemos, ustedes analícenlo.

–Ahora resulta que ustedes son los paladines de la libertad de expresión.

–No somos los paladines de la libertad de expresión, pero sí queremos que se respete en México –dijo exaltado.

–¿Es una respuesta a los recursos que ya no les van a dar?

–Eso ya se vio, señor. Estamos de acuerdo en la industria que con esos recursos la radio y la televisión van a contribuir a nuestra democracia. Eso ya está dado, no peleamos eso. Que quede muy claro, eso ya se dio y las declaraciones de todas las empresas ya están dadas. Vamos a contribuir a la democracia.

Sin embargo, el artículo 41 constitucional reformado por los senadores no hace referencia a restringir la libertad de expresión que supuestamente defiende la CIRT. La reforma, en cambio, sí acota la contratación de publicidad en medios electrónicos. Dicho apartado señala: “Ninguna otra persona, física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Contrariado por la insistencia de los reporteros, Pereda Gómez se dirigió a la Junta de Coordinación Política, para encontrarse con el panista Héctor Larios Córdova, quien fue el único que lo recibió. Le entregó un oficio con la solicitud de una reunión con los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Radio, Televisión y Cinematografía.