Las inútiles quejas de Jorge Mendoza
Hasta el final –a contracorriente de toda su bancada–, el senador priísta Jorge Mendoza intentó que se modificara el dictamen de la reforma política para eliminar del artículo 41 constitucional la prohibición a partidos de contratar propaganda electoral en los medios electrónicos y a toda persona física o moral de difundir mensajes pagados en las estaciones de radio y televisión encaminados a influir en las preferencias de los ciudadanos.
El ex directivo de Tv Azteca, quien llegó al Senado por la vía plurinominal, argumentó que tales disposiciones son violatorias de la libertad de expresión. Con base en ello formuló un amplio alegato la madrugada de ayer, cuando se discutió en lo particular la reforma electoral. No tuvo éxito; su propuesta fue rechazada.
El pleno del Senado aprobó tres modificaciones al artículo 41 de la Constitución, en el que han centrado sus críticas los concesionarios de la radio y la televisión, pero sólo para dejar claro que los gobernantes no podrán utilizar recursos públicos para promoverse en los medios electrónicos, además de que ninguna otra persona física o moral podrá difundir mensajes en las pantallas televisivas con el propósito de influir en el proceso electoral.
Asimismo, otros cambios al artículo 41 de la Carta Magna fueron para permitir que en situaciones especiales el Instituto Federal Electoral (IFE) pueda “disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique”.
La propuesta de cambio la formuló, en nombre de las comisiones dictaminadoras, el senador panista Ricardo García Cervantes. Explicó que la intención es garantizar el acceso a los medios electrónicos, en caso de que algún partido político enfrente una circunstancia o evento que lo obligue, por ejemplo, a convocar a sus militantes para renovar dirigencia.
Igualmente se modificó la base I, título segundo, del artículo 41, para suprimir la disposición que llevaba a la Carta Magna la prohibición de las candidaturas ciudadanas, al establecer que “corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”.
Fue una propuesta en la que insistió el senador Ricardo Monreal, ya que, argumentó, poner un candado en la Constitución a las candidaturas ciudadanas viola tratados internacionales signados por México.
Mendoza propuso eliminar todo el artículo. Sostuvo que, de aprobarse esos términos, “los partidos políticos nunca podrán anunciarse en los medios de comunicación y los ciudadanos nunca podrán contratar tampoco tiempos para defender libremente sus opiniones sobre la política y los políticos”.
El senador perredista Pablo Gómez aclaró a Mendoza que se pretende evitar abusos, con el fin de que los políticos y gobernantes no utilicen recursos públicos para impulsar sus pretensiones políticas en los medios electrónicos, los que dan tratamiento noticioso a todo funcionario que pague espacios para anunciarse.