Coahuila reclama justicia
La mañana del 5 de octubre de 1972, una noticia impactó a Saltillo. Un tren con peregrinos que regresaba del mineral Real de Catorce, luego de un culto religioso a San Francisco de Asís, se descarriló en el lugar conocido como Puente Moreno, muriendo más de 200 feligreses. Las sirenas cruzaban el espacio y la tristeza inundaba la ciudad enlutada.
Años antes, en 1969, otra tragedia había enlutado al estado cuando murieron 153 mineros en Barroterán, Coahuila, producto del descuido y la irresponsabilidad patronal, misma que también se hizo presente en 2006, cuando 65 hombres perdieron la vida en la mina conocida como Pasta de Conchos, ubicada en el municipio coahuilense de San Juan de Sabinas.
Hoy de nuevo Coahuila es noticia, debido a una espantosa explosión en el municipio de Nadadores, donde un tráiler que transportaba 22 toneladas de una mezcla de nitrato de amonio con diesel, conocida como ANFO. El resultado de esta tragedia ha sido 28 personas fallecidas, más de 300 heridos, cinco de gravedad.
En sentido inverso a las explosiones de Pemex sucedidas en los últimos días, donde de inmediato han llegado a conclusiones sobre la responsabilidad de las mismas por parte del gobierno federal, en el caso de Coahuila, hay muertos, daños, heridos, pero no hay un solo responsable.
La compañía Orica, propietaria del material explosivo, tratando de eludir su responsabilidad se ha limitado a señalar que contrató a una empresa para que transportara el producto, y que por lo tanto ella está exenta de cualquier culpabilidad.
De inmediato, sin investigación de por medio ni argumentos que justifiquen su apresurado dictamen, los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han deslindado de cualquier responsabilidad a la empresa Fletes y Traspapeleos, SA que transportaba el cargamento con ANFO, en una ruta que empezaba en Cuatro Ciénegas y terminaría en Colima.
Otras compañías que requieren de estos mismos elementos (nitrato de amonio y diesel), para su transportación los manejan por separado, porque saben que juntos son altamente explosivos, de ahí que Orica tenga la obligación de explicar por qué los manejó juntos en esta ocasión a sabiendas de su peligrosidad. ¿Por optimizar ganancias?
El tráiler que transportaba el material explosivo no llevaba señalamientos de su contenido, tampoco era acompañado por un transporte insignia; sin embargo, Luis Antonio Posada Flores, subdirector de Autotransporte Federal de la SCT en Coahuila, afirma que la empresa transportadora no violó ninguna norma federal.
El funcionario de marras, según declaración a La Jornada, señala que “las unidades de la compañía transportista están en óptimas condiciones; son de 2007, fue un lamentable accidente, y no hay negligencia, pudieron ser rollos de acero, pacas de sorgo o de alfalfa, pero lamentablemente traía explosivos, y eso provocó el problema mayor”. De acuerdo con esta lógica supina, se puede manejar material explosivo por todo el país sin ninguna medida de seguridad, y si hay muertos es culpa de éstos o de la mala suerte.
Por otro lado, en el lugar del accidente, entre el tiempo que transcurrió del choque a la explosión, que fue de aproximadamente 45 minutos, no llegó la Policía Federal de Caminos; sin entrar en especulaciones, lo cierto es que no apareció en el lugar del accidente para acordonar la zona y realizar labores que hubieran evitado un daño como el que se produjo. Al mismo tiempo, es necesario que la Secretaría de la Defensa precise cuáles han sido las tareas que ha desarrollado para el control y el manejo de este tipo de explosivos.
Para colmo, en este concierto de desatinos y en el contexto de la participación federal en este caso y de acuerdo con el primer artículo de la ley de hilados y tejidos, que a la letra dice: “el hilo se rompe por lo más delgado”, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR inició la averiguación previa en contra del chofer José Alberto Borrego González y su ayudante, José Rosales Contreras. Ni la burla perdonan.
Es claro que el tratamiento que el gobierno federal y los medios de comunicación han brindado a las explosiones de la última semana ha sido muy diferente y expresa la permanente manipulación de cada uno de los temas. En el caso de Veracruz, donde son lamentables las pérdidas económicas, producto de los sabotajes a los ductos de Pemex, han sido utilizadas en forma mediática por sectores de la derecha mexicana para incluso, en el colmo del cinismo, tratar de establecer una vinculación inexistente entre las mismas y la figura de André Manuel López Obrador. Sin embargo, en el asunto de Coahuila, la reacción ha sido diferente, tratando de minimizar el tema y ocultando información. El gobierno federal ha sido omiso, incoherente y exageradamente complaciente con los responsables de la tragedia.
Nada va a devolver la vida a los fallecidos en mi estado natal, pero la aplicación de la justicia deberá ejercerse a cabalidad, tal como reclaman los coahuilenses en voz de su gobernador, Humberto Moreira, para evitar desgracias posteriores.
La impunidad de quienes intentan obtener ganancias fáciles, sin importar poner en riesgo la vida de los demás, debe terminar de tajo. Por ello será importante apoyar desde el Congreso de la Unión el reclamo de una investigación profunda sobre este lamentable accidente que ha enlutado de nuevo al estado de Coahuila.