Por un frente nacional amplio contra la represión y por los derechos humanos
Las torturas, las desapariciones, la militarización de enteras regiones del país, la persecución a los defensores de los derechos humanos, el apoyo a gobernadores como los de Puebla y de Oaxaca, condenados por la opinión pública nacional e internacional, son la respuesta de un gobierno ilegítimo y débil, que está obligado a recurrir a la fuerza porque no tiene apoyo popular. La violación de los derechos humanos y la represión no son medidas coyunturales, simples “desvíos” de la legalidad constitucional, sino parte esencial y funcional de la política de la oligarquía de financieros y grandes capitalistas que llevó a Los Pinos a Felipe Calderón.
El Presidente resultante del fraude se enfrenta hoy incluso con sectores importantes de su partido que se abstienen en el Congreso para no votar sus propuestas contrarias al programa electoral, y en el PAN hay igualmente una sorda disputa entre el grupo parlamentario, con Santiago Creel a la cabeza, y la dirección cavernícola de Espino. Los parlamentarios –PAN, PRI y PRD– se oponen ahora además a la “mediocracia” (que durante años financió las campañas del PRI y le dio toda la cobertura posible al fraude de Fox-Calderón para poner a éste en el sillón presidencial). Es decir, los legisladores neoliberales en el PRI y los del PAN junto a la oposición (PRD, Convergencia, PT) asumen una posición contraria a la sacrosanta “libertad de mercado” que los primeros han proclamado a voz en cuello y recuperan el espacio político que habían usurpado Televisa y Tv Azteca, para decidir que los hacedores de políticos, gobernadores y presidentes serán ellos mismos y no los “mediócratas”.
Frente a un Presidente que se agita en el vacío político, los gobernadores construyen por su parte feudos y los parlamentarios no quieren ser menos, de modo que la clásica centralidad mexicana (hasta no hace mucho el presidente era el mandamás en el PRI y el Congreso obedecía a Los Pinos) es una cosa del pasado. Esta agudización de la lucha intercapitalista e interinstitucional debilita aún más a la “sociedad política” frente a la sociedad civil, aunque en ésta aún no exista una fuerza alternativa no sólo al gobierno sino al entero sistema, ya que la presión social de todos modos es muy fuerte y ha obligado a los parlamentarios y dirigentes del propio PRD a cesar en sus coqueteos con el gobierno nacido del fraude. Este es otro factor que achica los márgenes del gobierno para ejercer la cooptación y la corrupción de algunos opositores sociales o políticos mediante los clásicos “cañonazos” de millones de pesos; es un factor que lo obliga hoy a depender de los cañones, reales, de acero, de las fuerzas represivas.
Por eso es necesario intervenir en esta lucha entre las diversas capas capitalistas con la fuerza independiente de las víctimas de las políticas de aquéllas y en defensa de los marcos constitucionales y de la democracia, pisoteados por el fraude masivo y profundamente lesionados por el agravamiento de la represión y de la militarización.
Las 62 organizaciones sociales y políticas de todo tipo y tendencia que están creando un frente nacional amplio e incluyente contra la represión y por la defensa de los derechos humanos son potencialmente el núcleo de un frente democrático, social y antimperialista que podría dar una organización central al descontento generalizado de los explotados y los oprimidos que no ven en la boleta electoral y en los partidos herramientas eficaces para cambiar el país y sus propias vidas.
Actualmente, entre los primeros firmantes de la propuesta de creación de este frente hay organizaciones con gran peso político y moral, como el Comité Eureka, que preside Rosario Ibarra de Piedra, o el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), formado por los campesinos y pobladores de Atenco, o la APPO misma, unitariamente. Pero faltan otras muchas, y todavía son pocas las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, aunque la represión se dirige también contra los activistas sociales y los líderes indígenas y campesinos, e incluso contra la base social de los mismos.
Por consiguiente, hasta el 2 de octubre, día en que el frente debería nacer oficialmente, habrá que hacer un gran esfuerzo para incorporar organizaciones sociales y políticas que lucharon contra el fraude que impuso en el gobierno al presidente de la oligarquía y a las organizaciones campesinas e indígenas que, por ejemplo, apoyaron a la APPO en su lucha por la justicia, la democracia y la libertad en Oaxaca.
El frente quiere nacer plural, pero en la lucha común en defensa de los derechos humanos y sociales y de las libertades democráticas, por eso tienen cabida en él todos los que estén dispuestos a organizar en su ámbito de trabajo núcleos que dirijan la lucha por obtener la libertad de todos los presos políticos y sociales, la presentación con vida de todos los desaparecidos, el cese de las torturas y el castigo a los violadores y torturadores, y por frenar la creciente militarización del país. Esa lucha no puede ser sólo electoral y en ella tienen cabida todos los que tengan conciencia de que, sin defender y ampliar los espacios democráticos, las conquistas y las transformaciones sociales son infinitamente más costosas, en vidas humanas y en sufrimientos masivos.