El cinismo de los medios
Los medios de comunicación electrónica son demasiado importantes y, cabría decir, demasiado vitales como para que sigan siendo, como hasta ahora, pasto de los intereses privados. Esto no quiere decir que a los privados debería excluírseles del manejo de tales medios, sino que el manejo de los medios es un asunto del mayor interés público. La comunicación electrónica tiene que ver con la difusión del conocimiento, con la educación, con la ilustración de los pueblos, con la difusión objetiva de las noticias que nos dan cuenta de los asuntos de nuestra sociedad y del mundo, y con tantos y tantos más intereses fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Pueden ser objeto de negocio, pues para que existan los medios, como nadie podría objetar, es necesaria una inversión múltiple, del Estado y de los privados. Pero, con inversión pública o privada, deben responder siempre al interés general y no sólo a la brama del dinero.
El célebre Informe MacBride de 1979 lo puso en claro, y agregó que el Estado, incluso, está obligado a apoyar la labor de los privados cuando éstos, en el manejo de los medios, cumplen tareas de información, de ilustración y de difusión de la cultura. Abraham Zabludovski, en alguna ocasión, hablaba de la gran apuesta que la televisión estadunidense hizo por los programas culturales, tales como History Channel, Discovery Channel y otros, y señalaba que fue un gran negocio. Excluir a los privados de los medios sería una estupidez. Se puede también estar de acuerdo en que los privados necesitan hacer negocios con su manejo de los medios, y hasta en eso el Estado debería apoyarlos, porque eso significa mayor inversión y crecimiento de los mismos. Pero que los privados sólo se dediquen a hacer dinero es algo tan repudiable como privarlos de participar en la tarea.
Basta tener siempre en mente la expectativa que el interés público tiene de la función de los medios electrónicos, públicos o privados, para aquilatar plenamente el miserable comportamiento de los dueños de nuestras televisoras y radiodifusoras privadas. Su comparecencia ante las comisiones del Senado que dictaminaron la reforma electoral el pasado 11 de septiembre los mostró en toda su mezquindad, y también en todo su descarnado cinismo. Mientras sus empleados, como López Dóriga y Pedrito Ferriz de Con (¡qué nostalgia de su culto e inteligente padre!, aunque estuviera alucinado por los extraterrestres), insistieran en la defensa de “su” libertad de expresión y su derecho a informar como les dé la gana, algunos de sus dueños lo dijeron claramente: les duele que se les quite más de 3 mil millones de pesos con su exclusión de las campañas electorales.
La ignorancia, la incultura y la ordinariez de los presentadores de Televisa y Tv Azteca salieron todas a relucir, intentando taparle el ojo al macho, mientras don Rogerio Azcárraga fue al grano: “Nos van a quitar 30 por ciento del tiempo sin pagar un solo centavo, además de arruinar los ratings”, para agregar que, en efecto, lo que más les duele es que los retiren del negocio de las campañas electorales. A final de cuentas, eso es lo importante: como lo dijo el mismo Azcárraga, ellos creen que poner a salvo nuestros procesos electorales del influjo del dinero y de las preferencias particulares de los dueños de los medios es una medida “casi expropiatoria”. Donde les duele es en el bolsillo. Me pregunto, si creen de verdad en la libertad de empresa, ¿por qué se admiran de que posibles clientes, en este caso la sociedad y el Estado, les digan que no desean usar sus servicios? ¿De qué se les podría “expropiar”?
En contraste, Paty Chapoy preguntó si es “criminal” decir que un gobernador es guapo o si ella podría ser presidenta. Y eso que se llama Ferriz de Con afirmó, evidentemente trastornado por el imperioso deseo de servir a sus dueños: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de la campaña”. ¿Quiénes son los “segundos”? ¿El Estado? Y, a todo esto, ¿por qué no hacer negocio con ellos es “pasarle el costo a terceros”? Después Pedrito se sacó otra infamante y obscena declaración: “Ya estoy cansado de tanta palabrería. Nosotros pagamos impuestos, nadie nos ha regalado nada, se los recuerdo”. Quisiera saber qué tiene eso que ver con el hecho, mondo y lirondo, de que no queremos más darles el dinero del pueblo. Por su parte, López Dóriga, mejor dotado, pero muy poco, estableció jurisprudencia constitucional al sostener que con la nueva reforma se está violando la Constitución. Nuestro insigne y hasta ahora desconocido constitucionalista no supo decir, por su evidente ignorancia en la materia, en qué se viola Constitución. Fue, para acabar pronto, un espectáculo deplorable, digno de nuestras televisoras que, además, tuvieron la desvergüenza de pasarlo en una especie de hora nacional a todo el país.
Me satisfizo la actitud de los senadores, en particular la de los senadores del PAN, y me amargó la tarde, en cambio, la de uno que es senador del PRI y lacayo de Tv Azteca en el pasado, y que se puso al mismo nivel de los dueños de los medios y de sus actuales servidores. El senador García Cervantes, del PAN, y Murillo Karam, del PRI, dieron las respuestas más contundentes, aparte de Pablo Gómez, quien les recordó los principios básicos constitucionales que están contenidos en el artículo 27. Todos les dijeron, en esencia, que no hay modo de hacer negocios con ellos, y a eso se reduce todo. Tan defensores de la libertad de expresión que son, sacaron del aire a García Cervantes mientras pronunciaba su discurso. Los dueños de los medios deberían preguntarse a qué se debe todo esto. Si tuvieran uso de razón sabrían que todo se debe a su impudicia y a su insolencia. No pueden tratar a los senadores de la nación, ni siquiera a los panistas, como a sus servidores López Dóriga o Pedrito. Ya se hartaron y les están mandando un muy importante mensaje. Deben, además, discutir todavía nuevos proyectos de ley en materia de comunicación electrónica.
El pasado jueves, Sergio Sarmiento, empleado de Tv Azteca, se lanzó en un artículo contra la “partidocracia”, que, según él, ha tenido la desfachatez de reiterar que en este país sólo se puede ser candidato por un partido legal y no por la libre. Aduce, con pujos de constitucionalista él también, el artículo 35, que manda que todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. Olvida que el 41 establecía ya que sólo podría ser candidato por un partido, y chilla porque a los medios electrónicos privados “se les arrebatará el tiempo”. Un día antes lloró más fuerte al ser designado para expresar ese mismo punto de vista en nombre de sus patrones.