Navegaciones
Elogio del subversivo
Recordación de Hidalgo
Condenar la violencia, ¿pero cuál?
Escribía Emilio Rabasa en La evolución histórica de México que “la raza blanca entró en el país de las de color de bronce, las sujetó a su dominio, mató sus energías, las subordinó a su interés y las consideró y mantuvo en condición inferior, como instrumentos de trabajo, algunas veces inferiores a las bestias, en otras iguales, en todas dándoles por benevolencia lo que no tenían derecho de esperar por justicia”. “Esta realidad social, característica del siglo XVI, no había variado sustancialmente en el XIX”, apuntó décadas más tarde Ernesto Lemoine en un ensayo sobre las postrimerías del régimen colonial. Pongamos clases donde Rabasa decía razas y es posible que en el despunte del XXI estemos regresando a ese estado de cosas, piensa este navegante mientras observa a la señora de la miniván que redondea con benevolencia unos centavos destinados, se supone, a dar un kilo de ayuda que los jodidos de este país “no tienen derecho de esperar por justicia”.
Fue contra ese desorden de cosas que se sublevó Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Tal vez en esos momentos angustiosos estaba más bien preocupado por consumar una huida hacia adelante –el gobierno acababa de descubrir la conspiración de Querétaro– y de seguro no imaginó que iba a ser llamado Padre de la Patria ni que, años más tarde, su extraña cabeza, a la vez calva y melenuda, adornaría lo más cimero y lo más extendido de los monumentos nacionales. Desde luego, ni siquiera en el breve interregno de las Cortes de Cádiz el régimen virreinal habría dejado otro camino para la independencia que la subversión violenta de lo establecido.
Lemoine: “Mientras desde la capital las principales corporaciones realistas (Universidad, Consulado, Arzobispado, Santo Oficio) lanzaban un diluvio de impresos para desacreditar y aplastar, en el terreno moral, religioso y político, a la revolución y a su primer caudillo, el movimiento se propagaba por casi todas las provincias del virreinato. El ambiente se saturó de olor a pólvora, de sangre, de violencia y destrucción, pero también de entusiasmo y esperanza”. Vista con ojos del siglo XXI, y aun del XIX, fue particularmente atroz la masacre de gachupines que perpetraron las tropas insurgentes en Guanajuato, tras la caída de la Alhóndiga, y que fue tolerada, si no es que propiciada, por el mismo Hidalgo. Los defensores derrotados “abrazábanse unos a otros, puestos de rodillas, implorando inútilmente la clemencia de los vencedores; pero éstos, muy lejos de apiadarse, comenzaron a matar a cuantos encontraban”, escribió dos décadas después Carlos María de Bustamante.
Manuel Abad y Queipo, religioso peninsular de tendencia liberal y promotor de la independencia de México, no perdonó estas acciones a su amigo Hidalgo y a la vuelta de los meses acabó por redactar el tristemente célebre decreto de excomunión que maldecía las uñas, el pelo, los ojos, los huesos y no sé cuántas partes anatómicas más del Padre de la Patria. Pero éste no fue excomulgado por hereje sino por levantisco –aunque en ese tiempo se le llamara herejía a la rebelión– y por haber puesto en un severo predicamento al orden establecido. Para la oligarquía virreinal debió ser particularmente detestable la vena plebeya del cura subversivo, quien adoptó medidas inmediatas de bienestar popular durante su breve gesta: abolió la esclavitud y el pago de tributos, propuso el establecimiento de un Congreso Nacional, esbozó el reparto de tierras y prefiguró las garantías individuales al decretar la igualdad social y la libertad de trabajo y de comercio. Esa misma vena, retomada después por Morelos y por Guerrero, da un sello característico a la Independencia de México y la distingue de la estadunidense, lograda en beneficio de los hacendados blancos, y de la centroamericana, decretada por una junta de notables, y en cuya acta se asienta, sin ningún pudor, la urgencia de declarar la independencia “para prevenir las consecuencias temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.”
Hidalgo era mal visto por algunos partidarios del orden virreinal desde mucho antes de la Conspiración de Querétaro. Justamente en tiempos de la Revolución Francesa, a su casa del curato de San Felipe se le conocía como “la pequeña Francia”, por la libertad de discusión y el trato igualitario a quienes acudían a ella, y en 1800 un fraile Casasús informó a sus superiores: “Tengo muy mal concepto del cura de San Felipe por lo que públicamente se dice de su vida escandalosa y de la comitiva de gente villana que come, bebe, baila y putea perpetuamente en esa casa…” Putear, quién sabe, pero ciertamente el sacerdote rebelde convivió abiertamente con por lo menos dos mujeres: Manuela Ramos Pichardo, con la que procreó a Agustina y Mariano, y posteriormente con Josefa Quintana, con quien tuvo a Micaela y a María. Es posible que haya sido un buen padre.
Dice el aforismo que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y en esta fecha el poder establecido homenajea a la subversión. Pero hace apenas unas horas Felipe Calderón exigió a todo el país que condene “de manera clara e inequívoca [...] a los enemigos que buscan dañar con actos criminales” el patrimonio nacional, en referencia a los sabotajes del EPR contra ductos de Pemex. (A casi nadie se le ocurriría comparar a los eperristas con Hidalgo, pero la oligarquía de la que Calderón es representante temporal –y prescindible, como él mismo debe estarse dando cuenta– sí que empieza a parecerse a la corte virreinal.) Luego, el panista dividió el país en dos: “Quienes apoyamos la democracia y quienes la cancelan por la vía de la violencia”. Curiosos, esos demócratas enardecidos que se niegan a contar los votos uno por uno cuando se presenta el 0.56 por ciento de una duda. En más de un sentido, son ellos los responsables de los barruntos de violencia, y no hablo sólo de la represiva, que empieza a asomar los colmillos –o díganme en nombre de qué se expropia, con la fuerza pública, un tercio del Zócalo para llevar a cabo allí una celebración de acarreados y cerrada al pueblo–, sino del hambre, de la insalubridad, de la falta de acceso a la justicia y de la obscena desigualdad a las que este gobierno y sus antecesores han condenado a una buena parte de la población nacional, y que son, también formas de violencia. Calderón no será tan falto de luces como para desconocer que ningún llamado a la lucha armada tiene posibilidades de éxito si no se alimenta de un descontento generalizado y profundo que haga sentir a muchos que ya no tienen nada que perder.
Estamos a tres años de celebrar (o quién sabe) el fin del Porfiriato. Lo deseable es evitar que se repita el ciclo centenario de confrontaciones e impedir que en los alrededores de 2010 tenga lugar un estallido social como los ocurridos en 1810 y 1910. Me temo que para lograrlo no bastará con perseguir a los eperristas, y ni siquiera reditar las guerras sucias de los años setenta del siglo pasado. Se requiere desmontar el orden oligárquico, excluyente, cada vez más autoritario y desde hace mucho corruptísimo, implantado desde el poder por los neoliberales mexicanos. Eso se puede y se debe hacer en paz y democracia, siempre y cuando el grupo gobernante se abstenga de hacer trampa y de quebrantar las reglas de la democracia y de la paz cada vez que le conviene.
Hoy, para el poder, Hidalgo es más incómodo que nunca.