Reformas gemelas
Un Congreso muy activo aprobó en la última semana las reformas fiscal y electoral que, por cuestiones políticas, habían quedado hermanadas. Ambas se fraguaron largamente. Habrán de expresarse en las leyes correspondientes, y la segunda de ellas requiere cambios en la Constitución.
La reforma fiscal crea un nuevo impuesto para las personas y las empresas, el IETU. Es esencialmente un impuesto de control para recaudar ahí donde los entramados legales han facilitado la elusión y la evasión y han sido fuente de privilegios insostenibles. No es el que envió originalmente la Secretaría de Hacienda, hasta el nombre cambió, igual que las tasas propuestas y las deducciones que se van a permitir.
No está mal contar con un control más estricto para cobrar los impuestos. Pero no resuelve el IETU las restricciones a corto plazo sobre los ingresos del gobierno, ni abre el camino para una restauración de fondo de la política fiscal, talón de Aquiles de la economía. Queda sin resolver la fragilidad endémica de los ingresos y la dependencia del petróleo.
La recaudación de impuestos del Estado mexicano es muy baja, comparada con países de similar nivel de desarrollo e incluso con algunos en el que es menor. La base que se cobra por concepto del impuesto sobre la renta es muy reducida y, por razones diversas, no se puede compensar con un IVA aplicado de manera más generalizada a los bienes y servicios.
Las distorsiones en materia impositiva son enormes, se asocian con la capacidad de negociación de los causantes más grandes y, en el otro extremo, con el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la población, a lo que se suma la extensión de las actividades denominadas informales, que han sido promovidas en los años recientes desde el mismo gobierno.
El IETU enfrenta esta situación de modo parcial e insuficiente. Por ello fue necesario complementar la propuesta fiscal con el aumento al precio de la gasolina, una medida simple para el gobierno porque se aplica sobre consumidores cautivos y por ello mismo impopular. Ante eso se optó por aplicarla de manera progresiva y no sólo por el efecto inflacionario que va a tener.
Es llamativa la reducida estimación en el presupuesto federal de 2008 del aumento de la recaudación esperado al final de este sexenio, de alrededor de un punto porcentual del producto. Igualmente llamativa es la estimación del efecto de la reforma completa sobre la capacidad de crecimiento de la economía, que en 2008 se pronosticó en 3.5 por ciento sin reforma y 3.7 con ella. No parece un buen argumento no sólo respecto a la reforma en sí misma, sino sobre los criterios de una política fiscal seria y eficaz del gobierno.
Del lado electoral las decisiones del Congreso parecen más audaces y controvertidas. La reforma abarca al IFE y su órgano de gobierno junto con un replanteamiento de su autonomía. Trata del financiamiento de los partidos, con los reclamos de los más pequeños. Fija normas para las campañas electorales: duración, forma y lo que ha generado más disputas: el uso de los tiempos del gobierno en los medios de comunicación concesionados y los límites del gasto en publicidad.
No debe extrañar que los dueños de las cadenas de radio y televisión aglutinados en la CIRT se hayan crispado ante la perspectiva de que se reduzcan los abultados ingresos que reciben durante las campañas electorales. Los miles de millones de pesos que acaban en sus alforjas son una transferencia injustificada de los recursos del resto de la sociedad para un aprovechamiento privado. Además, es muy cuestionable que la abundancia de anuncios tenga un efecto positivo en el sistema democrático y sirve, en cambio, para acrecentar la influencia de los medios y sus intereses económicos en la disputa política.
Las reformas del IFE y de los presupuestos de la publicidad política son una secuela de la experiencia de la elección presidencial de 2006 y la enorme polarización social que provocó, y en la que jugaron un papel decisivo las empresas de radio y televisión. A los dueños les interesan esencialmente sus ganancias. Empezaron por replicar acerca del IFE, pero ese asunto fue prontamente abandonado porque no es rentable.
Enseñaron el cobre junto con sus principales personeros, y hasta sus no muy prestigiados locutores. Han acabado por decir que lo que les interesa es la libertad de expresión, pero ocultando cada vez con menos eficacia que esa la entienden y practican según su propia definición ideológica y la estrategia de sus negocios. Todo esto ha servido para deslindar las posturas y hay que hacer buen uso político de esta evidencia.
La noción de “libertad” es elusiva y manipulable. Sólo recordemos al maestro Juan de Mairena, quien decía: “La libertad, señores, es un invento de los ingleses, pueblo de marinos, comerciantes y boxeadores”. La guerra está abierta y pasa al terreno de los gobiernos estatales para que la reforma sea efectiva. Habrá que ver si esta democracia se redefine en serio en sus modos de funcionamiento y de apertura real de la sociedad.