No se aclara el uso de fondos del Seguro Popular, señala
El presupuesto de salud posibilita el desvío de recursos: analista
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008 en el área de salud es un “documento lleno de cifras oscuras”, que posibilita el desvío de recursos por la falta de transparencia en su aplicación, aseguró Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Dijo que a pesar de las reiteradas peticiones hechas a la Secretaría de Salud (Ssa) para que informe de manera clara y transparente sobre el monto de los recursos que se asignan a cada uno de los programas de salud, en particular los destinados a las mujeres, no lo ha hecho, y por el contrario, cada vez es mayor la opacidad.
La especialista presentó un análisis del PEF en el Foro por la Salud de las Mujeres en México, realizado en la Cámara de Diputados, y destacó como otra irregularidad que el proyecto presupuestal se presentó sin que se conozcan todavía los programas sectoriales en los que se establecen las metas del gobierno, y con las cuales se tendría que vincular el ejercicio de los recursos públicos.
El gobierno federal plantea ejercer el gasto con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012; sin embargo, recordó que las organizaciones sociales ya han señalado la deficiencia de este instrumento porque no considera en absoluto los derechos sexuales y reproductivos, y omite la existencia de los pueblos indígenas.
Ante diputadas integrantes de la Comisión de Equidad de Género y organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Daniela Díaz señaló que lo único visible en el proyecto es la asignación de 900 millones de pesos, de los cuales 55 por ciento son para el Instituto Nacional de Perinatología y un poco más de 30 por ciento para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SSa.
El resto, dijo, se supone que es transferido a los gobiernos de los estados, por medio del Seguro Popular, pero no existe ningún mecanismo que permita verificar el uso que se da al creciente presupuesto de esa instancia.
Resaltó que del monto total asignado a la Ssa, 63 por ciento se destina al Seguro Popular, cuyos informes se constriñen a indicadores de afiliación (cantidad de hombres y mujeres, ubicación geográfica, decil de ingreso). La transparencia sobre las acciones sanitarias realizadas es totalmente inexistente, apuntó.
Todavía más grave es que hasta julio de 2007, la Ssa no había firmado los acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales en los que tendría que plantearse de manera explícita la forma en que se ejercerán los recursos económicos. Significa, dijo, que en el primer semestre del año se gastó dinero público en actividades desconocidas. Es posible que se haya destinado a rubros que ni siquiera estén vinculados con la salud de las personas, agregó.
En estas condiciones tampoco existe la posibilidad de verificar que se cumple con el objetivo que motivó la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) respecto a garantizar el acceso real al derecho constitucional a la protección de la salud.
Díaz insistió en la necesidad de que la SSa presente un informe desglosado del presupuesto que ejercerá en 2008. Lo que ahora se ve, dijo, es la “voluntad política de dejarlo como está”, lo cual es grave si se toma en cuenta que el presupuesto del Seguro Popular aumenta cada año para afiliar a 1.7 millones de familias más, y es probable que no se estén obteniendo los resultados que se esperaban, subrayó.