Maniobra la fracción tricolor para convencer al PAN
Desarticulan en el Senado “jalón de orejas” a Moreira y Reynoso
Ante la perspectiva de que al menos nueve congresos estatales aprueben en los próximos días la reforma electoral, y la reunión que sostendrá hoy la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con diputados locales, panistas y priístas llegaron ayer a un acuerdo en el Senado de la República para que el blanquiazul no subiera a tribuna un punto de acuerdo, en el que se hacía una “condena enérgica” a los gobernadores de Coahuila, el priísta Humberto Moreira, y de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso, por su pretensión de bloquear dicho documento en sus respectivas cámaras.
Trascendió que la decisión de “bajar el jalón de orejas” del turno en tribuna, obedeció a que ambos mandatarios informaron, vía telefónica, que serían respetuosos de la decisión de sus respectivos congresos, aunque desde la oficina de Moreira el vocero David Aguillón subrayó que “el gobernador ni se comunicó al Senado, ni se retracta de sus declaraciones”, además de subrayar que el panista que tenía a su cargo la lectura del punto de acuerdo, Guillermo Anaya Llamas, oriundo de Coahuila, “lo conocemos como un pájaro de cuenta y no nos extraña que ésta sea una más de sus chicanadas”.
En el documento cuya lectura se omitió, se exhortaba a los gobernadores a ser respetuosos de los procesos que establece la propia Constitución, y concretamente a que se abstuvieran de intervenir en lo concerniente a la reforma constitucional en materia electoral recién aprobada por el Senado; a los congresos estatales, para que asumieran cabalmente su responsabilidad en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, además señalaba que el Senado “condena enérgicamente” las declaraciones hechas por Moreira y Reynoso Femat, “por interferir, sin competencia legal alguna, en un proceso de reforma constitucional electoral y ejercer presiones ilegales sobre los diputados de los congresos de dichos estados”.
Un asunto que sí se subió a tribuna fue la propuesta de reforma al segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución para regular las marchas. La iniciativa destaca que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, “a no ser que se emplee la violencia, amenazas, o se profieran injurias que tengan como finalidad intimidar, obligar o inducir un acto de la autoridad, se afecte el orden público, derechos de terceros o el libre tránsito que garantiza esta Constitución”.
La senadora panista Nelly González Aguilar apuntó que la ciudad de México es el ejemplo más claro de “ambulancias teniendo que sortear tráfico, como si participaran en un rally, personas tratando de llegar a su casa o a sus sitios de trabajo teniendo que afectar su vida y presupuesto diario”.