Propuso medidas de disuación y desactivación, asegura la secretaría en un informe
“Alertó” el Cisen sobre amenazas a la seguridad nacional: SG al Congreso
El documento servirá de base para la comparecencia de Ramírez Acuña en San Lázaro
En su primer informe entregado al Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación (SG) afirmó que el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) sí “alertó sobre riesgos y amenazas” a la estabilidad y “propuso medidas de disuasión y desactivación”.
Lo anterior forma parte del documento –de más de 200 cuartillas– en el que la SG detalla, para conocimiento de los legisladores, las estrategias y acciones cumplidas de diciembre de 2006 a agosto de 2007; esto es, casi dos meses después de las primeras explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Querétaro y Guanajuato, cuya autoría se adjudica al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Sin embargo, en el primer informe al Congreso la SG no hace mención alguna del grupo guerrillero ni de lo que, en su momento, calificó de “atentados”.
Gobernación precisa que el Cisen ha dado seguimiento al tema de la Agenda Nacional de Riesgos, junto con otros órganos de inteligencia civil y militar, “para emprender acciones disuasivas y correctivas” sobre “tráfico de armas, municiones y explosivos; actividades de grupos subversivos en México, así como sus organizaciones de fachada”. En ese contexto, menciona la vigilancia a “instalaciones estratégicas”.
Es decir, la dependencia encargada de “garantizar el respeto al estado de derecho, la seguridad e integridad del Estado mexicano” (como se lee en la presentación del informe) subraya en el documento que ha cumplido los objetivos de la Ley de Seguridad Nacional.
No obstante, del 5 de julio a la fecha han ocurrido tres explosiones en igual número de instalaciones estratégicas. La más reciente (aunque no forma parte de informe entregado al Congreso) ocurrió el pasado 11 de septiembre en Veracruz, en la cual se afectaron estaciones de rebombeo y ductos.
En el apartado dedicado a “acciones y resultados”, la oficina del titular de la SG, Francisco Ramírez Acuña, prácticamente repite extractos de la Ley de Seguridad Nacional, la cual obliga a los funcionarios de alto nivel a elaborar una Agenda Nacional de Riesgos.
Por ley, todos los asuntos relacionados con la seguridad nacional son atendidos por un consejo en el que participan los titulares de dependencias vinculadas con ese tema, cuyo secretario ejecutivo es Ramírez Acuña, y el secretariado técnico (según decreto del 4 de diciembre) es coordinado, para la toma de decisiones, por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
El consejo tiene la obligación de elaborar la agenda citada.
En el informe al Congreso, el cual servirá de base para la comparecencia de Ramírez Acuña en la Cámara de Diputados (programada para el martes próximo), la SG agrega que el Cisen fortaleció lazos de intercambio de información con objeto de identificar riesgos y amenazas a la soberanía y la seguridad nacionales.
Nada sobre “atentados” del EPR
Precisa que integró una Red Nacional de Información y emprendió acciones para dar cumplimiento a las obligaciones en materias de combate al terrorismo, desarme y seguridad.
Luego presenta un resumen de “eventos” con otras dependencias federales y estados, así como encuentros con representantes de otras naciones –especialmente con Estados Unidos y Canadá– y organismos internacionales, también con el propósito de intercambiar información.
Asimismo, dio “registro y seguimiento” de manifestaciones vinculadas con terrorismo internacional, tráfico de personas y corrupción, de acuerdo con el documento.
El texto menciona al respecto el monitoreo del flujo migratorio y la permanencia del sistema de alerta ante amenazas terroristas con fines de intrusión en territorio nacional. El informe no se refiere a los “atentados” del EPR; en cambio, ofrece detalles de otras actividades como la colaboración en los programas de seguridad de la Basílica de Guadalupe.
Gobernación señala, entre otros aspectos, que el objetivo en materia de política interna del gobierno calderonista es “consolidar una democracia efectiva” y restablecer el orden, así como evitar el dispendio y la corrupción.