Deben garantizarse salud, integridad física e información a los jaliscienses, señala
Pide la CEDH detener la presa Arcediano
Guadalajara, Jal., 20 de septiembre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió este jueves una recomendación al gobernador Emilio González Márquez para que detenga el proyecto de la presa de Arcediano, al fondo de la barranca de Huentitán, con la cual se pretende abastecer de agua a los casi cinco millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
La finalidad, argumenta, es garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad física, la vida, la información, la legalidad y la seguridad jurídica.
Según la CEDHJ, la construcción del embalse, con capacidad para almacenar 450 millones de metros cúbicos de agua del contaminado río Santiago y de uno de sus afluentes, el río Verde, debe detenerse hasta que se garantice la protección de los derechos citados.
El organismo incluyó una petición para que González Márquez dé a conocer los avances de los trabajos y cuánto se ha erogado en ellos, y que a través de un organismo de prestigio se realice un dictamen “riguroso, independiente e imparcial” para determinar si las aguas de Arcediano serán aptas para consumo humano, o bien que la Organización Panamericana de la Salud presente la segunda fase de su estudio sobre los riesgos sanitarios.
Esta recomendación es la primera del nuevo ombudsman local, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y cuestiona el proyecto impulsado por la pasada administración estatal (que encabezó el hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña) y por la Comisión Nacional del Agua.
Álvarez Cibrián explicó que sigue pendiente una de las seis quejas interpuestas contra el gobierno de Jalisco por pobladores de Arcediano, quienes acusaron a las autoridades de hostigarlos para que abandonaran la zona, donde se utilizaron explosivos para realizar estudios geológicos. La querella es de Guadalupe Lara Lara, quien obtuvo dos amparos federales, y a pesar de ello su casa fue destruida por la administración de González Márquez.
La recomendación está dirigida al gobernador en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Álvarez Cibrián también recomendó construir las seis plantas de tratamiento previstas en el decreto de 1985, emitido por el Congreso del Estado, y autorizadas en el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental, que prohíbe llenar del embalse sin condiciones que garanticen la calidad del agua según la norma oficial mexicana NOM-127-SSA-1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano: límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización”.