Encubrimiento y autoencubrimiento
Para sacar adelante la reforma electoral, en el Senado de la República se argumentaba al unísono que el poder del dinero no puede estar por encima del poder del Estado y que, por lo mismo, tenían que ser puestos en su lugar los “grupos de interés” que han abusado de la concesión de un bien público.
Lo mismo acontece desde hace 19 meses con la tragedia ocurrida en la mina ocho de Pasta de Conchos: el dinero del corporativo Grupo México, propiedad de Germán Larrea, concesionario de un bien público, no puede estar por encima del poder del Estado. Es certera la mención del senador Santiago Creel: “Todavía quedan muchos grupos de interés que reordenar en este país”.
Los pasados 14 y 15 de julio fueron introducidas cámaras en 14 barrenos o perforaciones que van de la superficie de la mina a los cañones de ésta. En cuatro no fue posible llegar hasta los túneles de la mina, porque el barreno estaba bloqueado, lo que no significa que ese sector puede estar en malas condiciones. La observación en los otros 10 demuestra que los dos peritajes pagados por Industrial Minera México (IMMSA), división minera de Grupo México, fueron hechos sólo para justificar la suspensión del rescate en abril pasado.
La mayor preocupación en ambos peritajes es el agua contaminada, que podría generar enfermedades mortales, entre ellas hepatitis, tuberculosis y VIH, aunque evidentemente los análisis que se hacen del líquido no muestran esa contaminación, ya que su afirmación carece de sustento científico. Además, las mediciones que presentan de volúmenes de agua y de gas tienen variables de hasta 75 por ciento. Pero debido a la terrible explosión de hace 19 meses nos quieren hacer creer que la peligrosidad del gas metano es incontrolable. De ser así, no se explica por qué esa mina estuvo en funciones más de 20 años.
De acuerdo con los boletines de prensa de la misma empresa, el área para avanzar fue desgasificada con éxito y los ventiladores continúan funcionando perfectamente. Con las cámaras se observó un derrumbe, pero éste no representa ningún obstáculo para la recuperación de los cuerpos. La observación de los barrenos es contundente: no hay ninguna razón técnica para que el rescate siga suspendido. Sin embargo, el poder del dinero continúa mintiendo bajo la mirada complaciente del Estado.
Prueba de ello es que el 31 de agosto –como respuesta a lo señalado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral– la empresa hizo pública una “nueva opinión” del supervisor e inspector estadunidense McBride, promovida y pagada por IMMSA, que es una rehechura de los dos peritajes anteriores, pero ni siquiera modifica, para disimular, los meses que llevan sepultados los mineros. “Las condiciones son peligrosas y representan una amenaza en cuestiones de salud y seguridad”, concluye, y remata pidiendo el cierre definitivo de la mina.
La información hecha pública por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral fue proporcionada por los dos trabajadores que representan a las familias; los dos estuvieron presentes en cada uno de los barrenos por donde bajaron las cámaras e hicieron su propia bitácora. Las grabaciones las hizo el panel de expertos a quienes la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) les pidió que hicieran el peritaje. Sólo hay entonces dos opciones: la STPS entregó la información a IMMSA, o IMMSA hizo los peritajes a nombre de McBride para desinformar y hacernos creer que el rescate no es posible porque se arriesga la vida de los propios rescatistas.
El responsable último de que el rescate en Pasta de Conchos siga suspendido es el mismo aparato del Estado, que concertadamente y contrariamente a su misión de procurar el bien común y ser salvaguarda del estado de derecho, le ha negado el acceso a la justicia a las familias de los mineros, para con ello autoencubrirse y encubrir a Grupo México, pretensión que se estrella frente a la determinación de las familias de que sean devueltos los restos de sus seres queridos, que sólo a ellas pertenecen y a lo cual tienen derecho.
En ese sentido, el pasado miércoles 19 de septiembre las familias y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral convocaron al foro A una sola voz: ¡rescate ya! La información de los mismos mineros es diáfana, precisa y conmovedora: el rescate está suspendido para ocultar que los sobrevivientes de la explosión murieron asfixiados. No pudieron salir porque la empresa había retirado los ademes, es decir, las vigas que sostienen la estructura de la mina para reutilizarlos en otros frentes de trabajo y así bajar los costos de producción en el socavón.
De la misma manera que el poder mediático emprendió una campaña de desprestigio y presión, el poder minero está haciendo lo suyo. Desde febrero de este año inició una campaña en contra de algunas familias y del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, misma que se ha acentuado recientemente.
En junio fue golpeada y asaltada Cristina Auerbach, quien volvía de una reunión en que 36 familias se deslindaban del peritaje de la STPS, y el pasado 28 de agosto hackearon su computadora para sustraer archivos relacionados con Pasta de Conchos. Días después, entre el primero y el 3 de septiembre, allanaron el despacho de Manuel Fuentes para sustraer también información.
Sin embargo, nada de lo que hacen oculta la verdad: los restos de los mineros se encuentran a no más de 140 metros de donde se suspendió el rescate y no los quieren entregar para no asumir la responsabilidad de su muerte.