Represalia por implicar al procurador en pederastia, dicen
Cuatro funcionarios de la PGJE de Jalisco denuncian amenazas de muerte
Guadalajara, Jal., 21 de septiembre. Cuatro funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) quejas contra autoridades de la dependencia por hostigamiento, detención y privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte e inestabilidad en el empleo, en represalia por supuestamente haber involucrado al procurador Tomás Coronado Olmos en una denuncia de violación sexual contra una menor.
Este viernes, el titular de la CEDH, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, informó que si bien la investigación sigue abierta, no se han encontrado elementos suficientes que acrediten la necesidad de que Coronado Olmos sea separado del cargo, para garantizar la imparcialidad en las indagatorias que se siguen a Martín Aguirre, funcionario del ayuntamiento de Guadalajara, por cometer supuestos actos de pederastia, en los que presuntamente estaría involucrado el procurador de Jalisco.
El ombudsman estatal dio a conocer que las quejas que recibió el organismo son la 2189/07, presentada por el subprocurador Víctor Manuel Landeros Arvizu; la 2190/07, del policía investigador Jorge Mercado Valle; la 2192/07, de Juan Bernardino Guerrero Manzo; la 2193/07, iniciada de oficio.
Una queja más fue la 2194/07, presentada por Leopoldo Partida Caballero, coordinador de agentes del Ministerio Público adscritos a puestos de socorros, y hubo una quinta, la 1977/07, pero fue conciliada a petición del propio agraviado, Marco Antonio Chávez Villegas, quien se quejó de detención arbitraria.
Álvarez Cibrián subrayó que luego de las denuncias de los cuatro funcionarios de la procuraduría jalisciense, la CEDH se vio obligada a solicitar medidas cautelares a Tomás Coronado Olmos, para proteger la seguridad jurídica, integridad física y estabilidad laboral de Víctor Manuel Landeros, las cuales fueron aceptadas, y otras para proteger la integridad física, la vida y los derechos de la menor y de su madre, que todavía no han recibido respuesta.
Dijo que de comprobarse que los funcionarios citados fueron objeto de hostigamiento, detención y privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte e inestabilidad en el empleo, la CEDHJ actuará con rigor para exigir que se sancione, tanto penal como administrativamente, a quien pudiera resultar responsable.