El 5 de octubre se entregará dictamen sobre capacidad de rescatar cuerpos, anuncia

Niega Javier Lozano haber maltratado a deudos de mineros de Pasta de Conchos

Los familiares de los obreros, “mal asesorados por gente que lucra con la tragedia”, dice

Carolina Gómez Mena

El dictamen técnico que solicitan los familiares de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos en febrero del año pasado será entregado el próximo 5 de octubre, y no habrá prórroga, porque esa es la fecha límite establecida para hacerlo, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón.

En entrevista con La Jornada, sostuvo que si dicha auscultación determina que no existen condiciones para entrar en la mina, la dependencia no exigirá a Industrial Minera México (IMMSA) que retire los cuerpos que permanecen sepultados desde hace un año y siete meses.

Lozano argumentó que él y la STPS caerían en responsabilidad al arriesgar más vidas si no hay condiciones adecuadas para el rescate de los cuerpos.

Anunció que entre el 5 y el 6 de octubre los expertos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico ofrecerán una rueda de prensa para anunciar públicamente los resultados.

Negó que en la reunión que sostuvo con los deudos el miércoles pasado los haya maltratado. Hubo “absoluto respeto, sensibilidad y honestidad”, agregó.

Manifestó que lo asegurado el viernes en conferencia de prensa por los afectados “es absolutamente falso”. Los familiares de los mineros tacharon al secretario de “déspota, insensible y mentiroso”.

El funcionario agregó que los deudos “están mal asesorados por gente que está lucrando económica y políticamente con la tragedia (...) No entiendo que haya gente tan ruin y vil”.

Lozano Alarcón se refirió específicamente al abogado Manuel Fuentes, asesor jurídico de los deudos de Pasta de Conchos, y a Cristina Auerbach, integrante del equipo de la Pastoral Laboral que dirige el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.

El titular de la STPS narró de manera detallada lo que ocurrió desde la llegada de los deudos a las afueras de la secretaría.

Afirmó que para atender a los familiares canceló dos días seguidos “toda mi agenda”, pues no había acuerdo para tener una reunión esos días. “Llegaron sin previa cita”, comentó.

Adujo que no obstante lo anterior, estuvo dispuesto a la junta, pero que los familiares le impusieron condiciones, entre ellas que asistieran Auerbach y Fuentes y entrar con dos cámaras de video, a lo cual respondió que no aceptaba que ingresara a la reunión “gente ajena, que no es familiar y que los mal asesora”.

También rechazó que el 12 de abril de este año se haya comprometido con los familiares a entregarles el 19 de septiembre el dictamen técnico sobre las condiciones de seguridad de la mina, y dejó entrever que en la reunión, que finalmente se concretó a mediados de esta semana, quien fue en cierta forma maltratado por una de las afectadas –cuyo nombre no recordó– fue él.

Puntualizó que esta persona desde un comienzo se mostró verbalmente violenta y le reprochó que en ese encuentro estuvieran presentes los encargados de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de la Inspección Federal del Trabajo, “cuando son ellos los que llevan el caso, y hasta les convenía su presencia, por cualquier duda que tuvieran, pero ni así se terminó con la intransigencia”.

Lozano Alarcón subrayó: “entiendo el dolor auténtico de los familiares”, y aseguró que de su parte no existe interés alguno en proteger a “esa empresa (IMMSA) ni a sus dueños”.