Piden transportistas acreditar el 5.5% de impuesto al combustible contra el IETU
Acapulco, Gro., 22 de septiembre. Ante el incremento en el precio de las gasolinas, empresarios del transporte informaron que tomarán medidas para que el nuevo gravamen de 5.5 por ciento sobre el costo del combustible no tenga impactos graves en sus operaciones.
Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), solicitó a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) servir como intermediario entre la iniciativa privada y las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que este aumento, que entrará en vigor el próximo primero de octubre, pueda ser acreditado en contra del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) o de cualquier otra obligación tributaria.
En el marco del décimo tercer Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), el empresario señaló que de no encontrar los mecanismos para acreditar ese porcentaje, el impacto en los costos de operación del transporte podría ser importante, y de lo que se trata, dijo, es de atenuar las afectaciones, ya que de haberlas quien tendría que pagarlas sería el consumidor final de los productos que transportan.
“Estamos conscientes de que el aumento en la gasolina y el diesel servirá para que el gobierno se haga de recursos, pero una vez que los combustibles son de nuestros principales costos de operación, consideramos que si logramos que se autorice la acreditación será un paso positivo para el gobierno y para nosotros, pues sería una especie de pago por adelantado”, dijo el representante de la ANTP.
En entrevista con La Jornada, Gómez explicó que el combustible, en el caso del transporte terrestre, representa un costo de entre 25 y 30 por ciento; mientras que en el caso de la parte naviera y de ferrocarriles es de 30 por ciento.
De aprobarse la petición de los transportistas, éstos tendrían la posibilidad de deducir sus consumos de combustible del IETU o del impuesto sobre la renta (ISR).
El directivo del organismo mencionó que el impacto mayor del alza en el precio del carburante sería para los transportistas del servicio público federal, pues están inscritos en un régimen especial, por lo que a esta solicitud se estarían uniendo los empresarios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Argumentó que esta medida fomentará la formalidad en el ramo del transporte, pues sólo aquellos que estén registrados ante la autoridad hacendaria podrán beneficiarse del esquema, mientras que los que operan en la ilegalidad tendrán que pagar el costo que implica el nuevo impuesto.
Asimismo, Leonardo Gómez respaldó el mecanismo implementado por la Secretaría de Hacienda para que el incremento se distribuya en 18 meses; sin embargo, insistió en la necesidad de la deducibilidad del 5.5 por ciento para los transportistas, que detenga la posibilidad de afectaciones graves que se reflejarían en los precios de los productos.
En tanto, el presidente de la comisión de transporte de la Concamin, Víctor Manuel Mejía Garza, informó que el próximo martes se reunirán los empresarios del sector para definir de manera más detallada la solicitud que harán al Ejecutivo.