El ministro plantea que violó gravemente las garantías de Lydia Cacho

Espaldarazo del Congreso a Silva Meza en el caso Marín

Violentó los principios democráticos del federalismo y de diversos poderes

Jesús Aranda

La Cámara de Diputados y el Senado de la República avalaron en todos sus términos el dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza, el cual atribuyr responsabilidad política al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por haber violado gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y por violentar los principios democráticos del federalismo y de división de poderes.

De esta forma, el Congreso de la Unión dio a Silva Meza respaldo unánime, el cual no tuvo entre sus compañeros de pleno cuando conocieron su resolución, el 26 de junio pasado; en esa ocasión sólo Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls Hernández apoyaron sus conclusiones.

En vísperas de que el ministro entregue su propuesta definitiva sobre el caso Lydia Cacho, trascendió oficialmente que hace unos días las cámaras de Diputados y de Senadores le entregaron su opinión sobre el mencionado dictamen, en el que se sostiene la responsabilidad de Marín, lo que abriría la puerta para un eventual juicio político en contra del mandatario estatal.

Mientras, en la Corte hay quienes confían en que al menos tres ministros se sumen al proyecto para alcanzar mayoría y que el tribunal deje en manos de otros poderes el destino de Marín. Cabe señalar que en junio pasado el pleno desaprobó el veredicto en el que se acreditaba la responsabilidad del gobernador de Puebla, con el argumento de que ni al mandatario ni a los otros funcionarios se les había respetado su garantía de audiencia, porque no tuvieron oportunidad de “defenderse” de las conclusiones.

Pese al rechazo del ministro Silva, se determinó que el informe era “preliminar” y que éste tenía que dar vista a todos los involucrados para que respondieran lo que a su derecho conviniera.

Después de que la Corte emitió nuevas reglas para las comisiones investigadoras, que para este asunto se aplican de manera retroactiva –según Silva Meza–, se concedieron 15 días para que todos los notificados respondieran al informe.

Así se hizo; decenas de notificaciones se presentaron personalmente; las más importantes fueron al propio Marín, a las cámaras de Diputados y de Senadores –las cuales en su momento solicitaron la intervención de la Corte en este caso–, así como a los principales funcionarios de procuración e impartición de justicia de Puebla y Quintana Roo.

Ambas cámaras avalaron las conclusiones –el resto de quienes de quienes fueron notificados tiene esta semana para responder–, lo cual fue interpretado por altos funcionarios judiciales como un “espaldarazo” para Silva Meza, y deja en evidencia a la mayoría de ministros que descalificaron sus conclusiones.

Fuentes de la Corte comentaron que los abogados de Marín, entre ellos Fabián Aguinaco, hijo del ex presidente de la Corte Vicente Aguinaco Alemán, ya acudieron a conocer de primera mano el veredicto, además de que funcionarios de la consejería jurídica del gobierno Puebla se apersonaron desde el pasado jueves 13 de septiembre en el edificio del máximo tribunal para conocer todo el expediente del caso Lydia Cacho, particularmente los testimonios y declaraciones en los que se fincó el dictamen.

Se espera que esta semana Marín responda a los señalamientos en su contra –lo que se negó a hacer cuando fue interrogado por el propio Silva Meza antes de elaborar su fallo–, así como los otros involucrados.

Aunque se espera que los funcionarios señalados aleguen que no violaron gravemente las garantías individuales de la periodista, trascendió que es un hecho que la resolución que presentará el ministro ante el pleno acredite nuevamente la responsabilidad política del gobernador poblano, además de que en todo momento se preservaron las garantías individuales y el derecho de audiencia de los funcionarios investigados.

En sus conclusiones, el veredicto de Silva Meza dejaba al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia del juicio político contra Marín Torres; que las legislaturas de Puebla y Quintana Roo observaran la responsabilidad de sus respectivos procuradores y presidente del tribunal de justicia poblano, y que el Ministerio Público de esas entidades ejerciera acción penal por corrupción de autoridades y delitos contra la administración de justicia.

Lo anterior se fundamentó en la declaración de 117 personas, el análisis de grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún, que permitieron concluir que “sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho”.

Asimismo se asienta que durante la investigación las autoridades poblanas se condujeron “en forma falaz al narrar los acontecimientos, sin apegarse a las realidades que sucedieron”, con el propósito de desviar la investigación y que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres, de la procuradora Blanca Laura Villela, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, así como la participación de particulares para violar los derechos de la periodista.

También se da cuenta de la celeridad con que la juez Rosa Aurora Espejel concedió la orden de aprehensión contra Cacho Ribeiro cuando fue demandada por Kamel Nacif Borge, ante la publicación del libro Los demonios del Edén. Se advierte que durante el traslado de Cacho a Puebla se montó un operativo con gente cercana a Kamel Nacif, que “escoltó” el traslado de la periodista.

Se explica que la concertación de acciones entre el gobernador y los titulares del tribunal de justicia y la procuraduría vulneró “los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, defensa e igualdad” de Cacho.

El dictamen, de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno, y que el mandatario de Puebla interviene en las decisiones del Poder Judicial y la procuraduría estatal, lo que atenta gravemente contra la vigencia del estado de derecho en esa entidad.