En procuración de justicia y derecho a la vivienda, los abusos más graves

Documenta la CDHDF violaciones a garantías individuales de indígenas

La dimensión del problema no se refleja necesariamente en las quejas, afirma visitadora

Agustín Salgado

La violación a las garantías individuales de los indígenas que viven en la ciudad de México se agravan en los ámbitos de la procuración de justicia y el derecho a la vivienda, no obstante las políticas públicas establecidas por el gobierno capitalino y los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para abatir dicha problemática. Así se expresa en el Informe especial sobre población indígena que en los próximos meses presentará la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El informe, que actualmente está en proceso final de revisión, fue elaborado –al igual que el documento referente a la explotación sexual infantil– con la ayuda de agrupaciones ajenas a la estructura gubernamental e incluye cuatro grandes ejes temáticos: justicia; educación; derechos sociales y económicos y la situación que enfrentan sectores indígenas con un mayor grado de vulnerabilidad como son las mujeres, los niños y los adultos mayores.

En entrevista, Alejandra Nuño, quien es la cuarta visitadora de la CDHDF y responsable directa de la elaboración del informe, establece: “Todos los informes que realiza la comisión tienen varios objetivos y uno de ellos es denunciar problemáticas que no necesariamente se reflejan en las quejas.

“Un buen ejemplo de esto fue el tema de la explotación sexual comercial e infantil (ESCI), porque si bien son situaciones que no denuncian los peticionarios, sí es del interés y preocupación de la CDHDF”.

El ESCI fue presentado durante la segunda semana de agosto. En dicho documento además de analizar las políticas públicas establecidas también se enlistan algunas zonas de la ciudad que han sido detectadas, tanto por ONG como por la CDHDF, donde se realiza esta actividad.

Ello permitió que legisladores locales iniciaran una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Con el informe sobre la población indígena se pretende generar una dinámica similar; es decir, que más allá de denunciar las omisiones por parte de las autoridades, se convierta en un aporte para que organizaciones, autoridades y población en general “formen un frente común” para combatir las violaciones a las garantías individuales a este sector de la sociedad.

En este orden de ideas, el informe –que se prevé se publique antes de que finalice este año–, reconoce los esfuerzos del gobierno capitalino, que a decir, de Alejandra Nuño son significativos.

Uno de ellos fue la creación de una Agencia del Ministerio Público especializada en Población Indígena, la cual se ubica en la estación Pino Suárez del Metro y que incluye un convenio de colaboración entre la PGJDF con una asociación de traductores indígenas.

“Es muy buena experiencia; es una excelente medida que la CDHDF acompaña, pero creemos que ahora el reto es extenderla al ciento por ciento. Dentro de la misma procuraduría, que es un monstruo inmenso, hay quienes no conocen de su existencia.

“Menos se ha difundido entre la ciudadanía y es muy importante hacerlo porque es un espacio fundamental para la población indígena, tanto la que ha sido víctima del delito como la que es señalada como probable responsable de algún ilícito”.

Para la elaboración de los informes especiales, la CDHDF realiza mesas de trabajo previas. Fue en noviembre de 2006 que se realizó una audiencia pública con el tema de población indígena y hace algunos días se realizó un encuentro similar con grupos de personas discapacitadas.

Otra de las situaciones que tratará el documento serán los problemas que afrontan los indígenas en el tema de comercio en vía pública: “Tanto la tercera como la cuarta visitaduría hemos recibido considerables quejas al respecto; sabemos que es un problema generalizado, pero si uno retoma la experiencia que se tiene en el comercio ambulante de los indígenas, sobre todo entre los mazahuas, pues se complica mucho más el asunto”, afirma la cuarta visitadora, que antes de colaborar en la CDHDF se desempeñó como abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.