Sólo precisa agrupaciones de coordinación
La Ley de Seguridad Nacional no incluye órganos de ese tipo
El “grupo central de atención a la subversión” –cuya integración y operación fue revelada por el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– no está incluido en apartado alguno de la Ley de Seguridad Nacional, ni aparece como tal en las líneas de acción de esa dependencia.
En los sistemas de investigación, información y análisis para la seguridad nacional sólo se precisa la existencia de “grupos de coordinación” que, entre otras funciones, deben encabezar actos para disuadir a grupos subversivos.
Sin embargo, los “grupos de coordinación” están integrados –según el reporte de Gobernación entregado al Congreso de la Unión– por varios binomios: Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)-Secretaría de la Defensa Nacional; Cisen-Secretaría de Marina, y una dupla identificada sólo con las siglas “GC-Armas” y “GCIE”.
En su primera comparecencia ante diputados, el martes pasado, Ramírez Acuña admitió que las explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya autoría se adjudica el Ejército Popular Revolucionario (EPR), habían traído al país pérdidas millonarias.
Aseguró a los legisladores que el gobierno calderonista ya realiza diversas acciones para dar con los responsables de los atentados, con base en una labor interinstitucional entre las que trabaja “el grupo central de atención a la subversión… donde participan las secretarías de la Defensa Nacional y Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y el Cisen”.
La única estructura detallada en el informe es calificada por Gobernación como parte de una “visión integral y estratégica”.
Tales “grupos de coordinación” trabajaron (al menos de diciembre de 2006 hasta agosto de 2007, periodo del informe) la denominada “Agenda Nacional de Riesgos” para emprender “acciones disuasivas y correctivas ante tráfico de armas, municiones y explosivos; actividades de grupos subversivos en México, así como sus organizaciones de fachada; e instalaciones estratégicas”.
Asimismo, en el reporte se destaca que “se dio registro y seguimiento de manifestaciones vinculadas con el terrorismo internacional, tráfico de personas y corrupción: monitoreo de flujo migratorio y permanencia del sistema de alerta ante amenazas terroristas con fines de intrusión a territorio nacional”.
Precisamente en materia de cooperación internacional, el informe presume la relación del Cisen con 43 organismos (22 civiles, 13 militares y ocho policiacos) de 34 países, en una tarea sustancialmente de intercambio de información.
Aunque Ramírez Acuña informó el martes de un supuesto desmantelamiento de personal y equipo del Cisen (organismo de inteligencia civil del gobierno federal), situación que habría impedido disuadir las explosiones en Pemex, al exterior sí hay un amplio reporte de actividades, en las que destaca la participación en el diseño de una agenda regional de riesgos “con base en la metodología propuesta por México” para Centroamérica, nuestro país y el Reino Unido.
El Cisen también destaca una Reunión de Coordinadores de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en la cual hubo definiciones en el “manejo de emergencias”, particularmente acerca del terrorismo y líneas de comunicación expeditas para el intercambio de información.
Gobernación asegura que se dio registro y seguimiento de manifestaciones vinculadas con el terrorismo internacional, tráfico de personas y corrupción: “monitoreo de flujo migratorio y permanencia del sistema de alerta ante amenazas terroristas con fines de intrusión a territorio nacional”.
Cabe precisar que la Ley de Seguridad Nacional señala al Presidente de la República como principal responsable en la protección de la nación ante las amenazas a la seguridad nacional. Esa normatividad prevé la existencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario ejecutivo es el titular de Gobernación y el secretario técnico es nombrado por el Presidente de la República.
En el Consejo de Seguridad Nacional participan las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones, así como la Procuraduría General de la República y el Cisen.