Mayor presencia militar en las zonas en “disputa”
Despojos a zapatistas, eje de la contrainsurgencia
El Ejército reagrupó sus unidades en el territorio indígena de Chiapas en los dos pasados años, desplegando fuerzas especiales en la modalidad de agrupamientos o grandes unidades en todas las cañadas y regiones donde existe conflictividad entre comunidades zapatistas y poblados controlados por grupos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y la Unión de Uniones, de filiación priísta o perredista, que en los últimos años han encabezado el hostigamiento contra los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno.
La consecuencia de esta reorganización, detectada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) en un estudio de campo, es que al plan constrainsurgente vigente desde hace 13 años se ha sumado una estrategia de despojo de tierras contra las bases de apoyo zapatistas en las zonas de la Selva, las Cañadas, los Altos y el norte del estado. En este nuevo accionar se ha incorporado un factor que no se había observado anteriormente, explica el director del CAPISE, Ernesto Ledesma: “Hay una articulación flagrante entre el Ejército federal, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y los grupos campesinos hostiles al zapatismo”. El objetivo principal, concluye la investigación, es quitar a las comunidades que surgieron del levantamiento rebelde de 1994 todas las tierras recuperadas en el periodo inmediatamente posterior al levantamiento de ese año.
La más reciente investigación del CAPISE, elaborada por brigadas de observación de los pobladores zapatistas y los miembros del centro de análisis, logró levantar un mapa de la zona, en el cual se aprecia con claridad que justamente en las zonas donde hay mayor tensión entre comunidades priístas y zapatistas, siempre por conflictos de tierras recuperadas que los grupos hostiles a los rebeldes pretenden apropiarse, siempre hay una, dos y hasta tres posiciones militares. En todos los casos se trata de fuerzas especiales o cuarteles que alojan dos brigadas de infantería.
Este despliegue fue observado, por ejemplo, en Taniperla, que es el pueblo donde se formó la Opddic bajo la dirección de Pedro Chulín, identificado desde hace años como cabeza de un grupo paramilitar, ex diputado priísta, aliado del ex gobernador Roberto Albores en la destrucción del primer intento de municipio autónomo que se hizo en ese lugar. En este caso, la brigada militar se alberga dentro de la propia comunidad.
El mismo despliegue de unidades de elite se observó en San Caralampio, las cañadas de Las Tacitas y La Garrucha, y en la cañada tojolabal. Salvo las brigadas de infantería desplegadas en El Edén y Altamirano, en todos los demás cuarteles se ubican agrupaciones (dos brigadas) o grupos aeromóviles de fuerzas especiales.
“A partir del contacto y la convivencia de las comunidades con la tropa de las unidades especiales detectamos un ritmo muy acelerado de descomposición social. A diferencia de lo que hacen las brigadas convencionales, que instalan prostíbulos con sexoservidoras que llevan de las ciudades cercanas, en estos poblados desarrollan los servicios de prostitución con población local. También se observó que en cada uno de los poblados que se relacionan con los cuarteles en un lapso de uno o dos años se agudizaron las agresiones contra las poblaciones zapatistas. Los grupos afines al PRI o al PRD presionan para desalojar de las comunidades a las bases rebeldes”.
Los investigadores han recolectado información que les permite describir toda una batería de métodos para conseguir el despojo de tierras recuperadas, que incluye robo de cosechas y leña, amenazas, incendios de casas, cierres de caminos, talas de bosque, destrucción de haberes colectivos, portación de armas y, en algunas ocasiones, retención de la libertad de bases zapatistas.
En cada uno de los conflictos se ha definido un mismo patrón de la agresión. A la fecha, el Tribunal Unitario Agrario tiene centenares de casos de diferendos por resolver, en su mayoría demandas de la Opddic, que reclama como propias tierras de los zapatistas. Cuando la Procuraduría Agraria envía a sus visitadores o a notarios, por lo general éstos avalan asambleas irregulares. Y cuando la crisis amenaza con desencadenar hechos violentos, se hacen presentes patrullas de Seguridad Pública estatal o municipal que apoyan incondicionalmente a los grupos hostiles, dejando indefensos a los que pertenecen a las bases de apoyo zapatista. En los accesos a los pueblos –o incluso dentro de ellos– están a la espera las tropas especiales del Ejército, que mantienen abierta relación con los líderes agresores. “La complicidad es flagrante”, afirma Ledesma.
Con el despliegue de 29 campamentos de la 39 Zona Militar en la Selva y el norte del estado y otros 23 de la 31 zona en las Cañadas y los Altos, que incluye al menos cuatro GAFES, seis compañías de infantería no encuadradas (CINE) y un batallón de comunicaciones especiales que depende, no de la Región Militar VII –que corresponde a Chiapas–, sino directamente del Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, “puede entenderse que este despliegue militar “de alto impacto para operar contra el narcotráfico, el crimen organizado, grupos armados o terrorismo, como se asienta en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, está listo para acatar una orden y entrar en acción”, indica el director de CAPISE.
Interrogado sobre si se trata de un escenario para entrar en acción no sólo contra las bases zapatistas, sino también contra el EZLN, aclara: “Desde el punto de vista táctico está listo. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Solamente que puede hacerlo en cualquier momento”.