Editorial
Occidente y la suciedad electoral en Rusia
De acuerdo con versiones de observadores extranjeros y de opositores locales, las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado domingo en Rusia fueron un ejemplo de vicios antidemocráticos de sobra conocidos en México. Goran Lennmarker, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), por ejemplo, señaló que en el país euroasiático no existe una separación real de poderes; por el contrario, dijo que hay “una fusión del Estado con las fuerzas políticas, lo que es una violación inadmisible de las normas internacionales”, y destacó que “los medios informativos no fueron imparciales y dieron preferencia al partido gobernante, Rusia Unida”, que encabeza el presidente Vladimir Putin. Otro observador europeo, Luc van der Brande, constató que en el curso del proceso electoral hubo “una presión sobre los electores para que votaran por el partido gobernante”.
La tarde misma del domingo, el dirigente del opositor Partido Comunista, Guennadi Ziuganov, cuya organización obtuvo cerca de 11 por ciento de los sufragios, denunció que había tenido lugar “un torrente de infracciones que superó todos los límites posibles”, y aseguró que se le había despojado por métodos fraudulentos de una décima parte de los sufragios totales para favorecer a otros partidos. Por su parte, el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, quien milita en un pequeño partido de oposición, calificó los comicios como “los más deshonestos y los más sucios en la historia moderna de Rusia”.
Ciertamente, tales diagnósticos no son novedosos en la Rusia postsoviética, heredera de una tradición política autoritaria que viene de tiempos de los zares, que se recompone rápidamente en la URSS pocos años después de las revoluciones de febrero y octubre de 1917, y que sólo se interrumpe brevemente en los escasos años de la perestroika (1985-1990), después de los cuales vendrían los gobiernos de Boris Yeltsin y del propio Putin, asociados a las mafias político-económicas que se beneficiaron con el desmantelamiento del Estado realizado a partir de 1991.
La anomalía consiste, más bien, en la certificación de Rusia como una democracia, concedida hace tres lustros por Europa occidental y Estados Unidos, en un afán por vincular al enorme país al mercado mundial y a las tendencias económicas definidas en el Consenso de Washington. Con ese propósito se hizo caso omiso de la escandalosa ausencia de un estado de derecho, de los violentos métodos coercitivos empleados por el gobierno y por las mafias privadas para eliminar opositores y competidores, de las violaciones a los derechos humanos y de las manipulaciones electorales realizadas desde la Presidencia para perpetuar al grupo en el poder. Con una hipocresía característica, las potencias occidentales han venido elogiando el espíritu “democrático” de Yeltsin y de Putin, no porque éstos lo tuvieran, sino porque convirtieron a Rusia en un conjunto de oportunidades de negocio para los capitales trasnacionales. Ahora, los funcionarios y políticos europeos y estadunidenses no lograrán convencer a muchos de su disgusto, y menos de su sorpresa, por el manifiesto desaseo que caracterizó las elecciones legislativas.
El actual gobierno estadunidense, por su parte, no cuenta con mucha autoridad moral para reclamar comicios limpios y regulares en territorio ruso, habida cuenta que tanto la elección del actual presidente, George W. Bush (2000), como su relección (2004), quedaron marcadas por la sospecha de fraudes cometidos por los republicanos, en detrimento de los aspirantes presidenciales demócratas.
Por último, los señalamientos europeos a Rusia sobre la falta de separación real de poderes, la fusión del Estado con las fuerzas políticas y la parcialidad del conjunto de los medios informativos en favor de los candidatos oficialistas, bien habrían podido aplicarse al proceso electoral que tuvo lugar en México el año pasado; sin embargo, en esa ocasión los observadores de ese continente reportaron unos comicios impolutos; ello hace pensar que algunas misiones de observación electoral de la Unión Europea no juzgan con base en los hechos, sino en función de los intereses de sus respectivos países.