Derechos humanos: ¿crisis de Estado?
A unos días de un aniversario más de la Declaración universal de los derechos humanos, nuestro país presenta una auténtica crisis de Estado en esta materia. Los casos que han sido abordados por los poderes Ejecutivo y Judicial nos muestran que el antiguo régimen sigue más vivo que nunca. La llamada alternancia, representada en el PAN, se convirtió pronto en un impulso fallido, cuya evidencia más escandalosa se vivió en las elecciones presidenciales de 2006. Vivimos así una suerte de reconversión política donde ya los linderos del PRIAN son imperceptibles. Y un espejo para este escenario es el de los derechos humanos. Sus saldos se expresan en la impunidad para crímenes de lesa humanidad como los cometidos en 1968, en 1971 y en los años de la llamada guerra sucia. Igual derrotero observamos en los más recientes: Aguas Blancas, El Charco, Acteal. Hay un patrón común de protección desde el poder que parece guiarse por la consigna del “hoy por ti, mañana por mí”.
Tres perlas de los últimos días. Primera, las declaraciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad respecto a un supuesto triunfo judicial que le permitiría construir la presa hidroeléctrica La Parota. Su dicho ocupó amplios espacios en ciertos medios. La realidad jurídica de dicho proceso es más compleja; los comuneros cuentan con una muy eficaz defensa jurídica y ello les ha permitido ganar algunos amparos, y el referido por el funcionario ya está sujeto a revisión.
En rigor tendría que incorporarse la Declaración de derechos de los pueblos indígenas, recientemente aprobada en la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual establece el derecho de los pueblos a que no se realicen proyectos en sus territorios sin contar con su consentimiento previo, libre e informado. Por lo pronto, el anuncio referido motivó declaraciones desafortunadas respecto a la posible participación de ciertas expresiones de algunas organizaciones armadas en defensa de los comuneros opositores a La Parota. Los propios integrantes del Consejo Opositor a la Construcción de dicha presa (Cecop) aclararon que seguirán por la vía jurídica y la movilización social como únicas armas para detener el megaproyecto.
En fin, que este conflicto no logra verse en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual no es de sorprender, pues esta dimensión es prácticamente ajena al Estado independientemente de lo que diga la Constitución y los instrumentos internacionales de la OIT y la ONU.
El segundo y muy lamentable ejemplo lo vimos en el caso Lydia Cacho, relativo a la posición adoptada por la Suprema Corte de Justicia respecto a su facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos contenida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Nuevamente el máximo órgano opta por una visión aparentemente rigorista cuando elude las consideraciones presentadas por el ministro Silva Meza en torno a la responsabilidad del gobernador poblano Mario Marín en el uso y desviación de poder para incriminar a la periodista Lydia Cacho en represalia por su valiente y documentada denuncia sobre redes de pederastia que involucran a “amigos” del señor gobernador.
Sin mirada constitucional, menos aún de derechos humanos en el plano internacional, la Corte y sus mayoritarios ministros consideraron insuficientes las pruebas recabadas y algunas de conocimiento público. Resolvieron, sin evaluación alguna sobre la naturaleza de por sí jurídicamente limitada de su decisión, sin tomar nota de que en su mesa estaba no sólo el destino de los derechos humanos de la periodista en cuestión, sino los elementos para sugerir una amplia investigación sobre las redes de pederastia en el país; sin asumir el estado que guarda la administración de justicia. Ante el rechazo unánime a la virtual y deliberada exoneración para el gobernador príista, intentaron “explicar” su estrecha visión del Estado de derecho; así, en nombre de “toda la Corte”, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos afirmó que “no quedó demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista”: ¿quienes y cómo “convencieron” a los ministros mayoritarios?
Y por último anotamos la criminalización de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes reclaman plazas de maestros en el momento de ser desalojados por la Policía Federal Preventiva (PFP) de la caseta de cobro La Venta, en la Autopista del Sol, en Guerrero.
En el tintero quedan Oaxaca, Atenco y los derroteros que se pretende dar al caso Acteal.
Como vemos, estamos muy lejos de contar con las condiciones para el cabal respeto a los derechos humanos en sus dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. Para avanzar en ello se requiere, por lo menos, legitimidad en quienes ocupan los poderes del Estado y ésa no se obtiene sólo con reformas electorales.